Cancún, Q. Roo, a 3 de diciembre 2017.- De robo y corrupción fue acusada la Subsecretaría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) por los propietarios que guardaban sus valores en las cajas de seguridad de la empresa First National Security (FNS).
Con motivo del levantamiento de 25 días de plantón que mantenían sobre el camellón de la avenida Cobá, frente a las instalaciones de FNS, los usuarios de las cajas difundieron un pronunciamiento sobre los abusos de autoridad y la ausencia de la ley en aseguramiento de mil 540 cajas de seguridad por parte de la SEIDO dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
En el documento de siete páginas, los afectados aseguran que “fuimos privados de nuestra propiedad y patrimonio mediante el aseguramiento de las mil 540 cajas ubicadas dentro de la bóveda de FNS. La SEIDO, afectando a gente de más de 25 nacionalidades, sin una orden de cateo judicial que cumpliera con las formalidades esenciales del procedimiento legal y sin haber enviado una notificación personal de juicio alguno, violó nuestros derechos humanos y nuestros derechos constitucionales”.
Luego de una larga explicación de los abusos de los que fueron víctimas, explican que “hoy, a 55 días después de la clausura de FNS, a 37 días después de haber iniciado el plantón, y con 25 días desde que inició la entrega de cajas de seguridad, queremos hacer constar las violaciones a nuestros derechos humanos y constitucionales, así como el ROBO sufrido por innumerables afectados y la corrupción que ha existido en el proceso de entrega del contenido de las cajas.
“Como representantes de los afectados, hemos recibido y documentado muchas quejas de faltantes en el patrimonio entregado a nuestros compañeros afectados.
Lamentablemente, ninguno de los casos optó por completar el proceso de reclamo ante la SEIDO por el temor ante lo que implicaba dicho proceso: Más tiempo y energía invertidos luchando con una entidad de gobierno que parece tener un poder ilimitado.
“A pesar de haber apoyado a la SEIDO financiando y proveyendo material de trabajo con el fin de agilizar el proceso de entrega, aún quedan muchos casos de cajas que no han sido entregadas debido a la cantidad absurda de documentación exigida a algunos afectados.
“Este protocolo de entrega inconsistente y poco transparente, nos exigió a acreditar y justificar con documentación, incluso fiscal y con imágenes personales, la procedencia lícita de nuestro patrimonio. Este acto ignoró abiertamente y descaradamente nuestro derecho constitucional de presunción de inocencia, obligándonos a comprobar que no estuviéramos involucrados en el crimen organizado.
“Como insulto final, la SEIDO nos obligó a firmar de conformidad, con o sin faltantes y bajo coacción para que nuestro patrimonio fuera devuelto. Por
derecho, ahora solicitamos a la SEIDO de inmediato, copia del Acta firmada para la entrega de las pertenencias ya que se nos negó la entrega de la misma al momento de la entrevista. De igual manera, solicitamos al Estado que ejerza nuestro derecho a la protección de datos que se refieren a nuestra vida privada y datos personales que se encuentran en posesión de la autoridad. Como establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos, El Estado tiene la obligación de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las violaciones de derechos humanos. “Aunado a ello, el impacto de dichas violaciones ha trascendido el ámbito material y ha puesto en riesgo la salud y el bienestar de
los afectados.
“Ante todas estas violaciones e injusticias por parte del gobierno, quienes en vez de brindar seguridad sólo han generado un clima de inseguridad y han eliminado una de las pocas instituciones que daban cierta tranquilidad a la ciudadanía, sólo nos queda intentar recuperar nuestras vidas”.
