• Un Tribunal Colegiado otorgó tres días hábiles a la dependencia federal para presentar el informe requerido dentro de un recurso promovido por integrantes de Sélvame del Tren; de incumplir, el funcionario responsable podría recibir una multa superior a 13 mil pesos
Cancún, Quintana Roo.— La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no ha entregado el informe justificado requerido por un Tribunal Colegiado dentro del litigio promovido por José Guillermo Urbina Bravo y otros integrantes del movimiento Sélvame del Tren, relacionado con obras del Tren Maya y las actuaciones ambientales realizadas previamente por la propia dependencia federal.
Ante la falta del documento, el órgano jurisdiccional concedió a la Profepa una prórroga de tres días hábiles para presentar el informe solicitado, bajo el apercibimiento de imponer una multa superior a 13 mil pesos al servidor público responsable en caso de incumplimiento, de acuerdo con el acuerdo publicado el 11 de agosto.
El requerimiento estaría dirigido al área responsable del litigio ambiental de la Procuraduría, encabezada por el subprocurador de Litigio Estratégico y Justicia Ambiental.
El conflicto judicial tiene su origen en el juicio de amparo promovido el pasado 11 de mayo por integrantes de Sélvame del Tren contra actos atribuidos a Tren Maya S.A. de C.V., la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Profepa, entre otras autoridades señaladas dentro del procedimiento.
En disputa, exención de impacto ambiental
Uno de los puntos centrales del litigio es el Acuerdo Administrativo mediante el cual se exentó de la presentación de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a obras relacionadas con el Tren Maya, contenidas en el oficio SRA/DGIRA/DG-01735-26, del 25 de febrero de 2026.
Los promoventes cuestionan esa determinación bajo el argumento de que los trabajos no corresponden simplemente a un camino preexistente y que previamente se habría afectado vegetación forestal, selva, ecosistemas costeros y humedales.
El asunto también se encuentra relacionado con el expediente PFPA 5.3/35.6/00125-2025, correspondiente a actuaciones de la Profepa sobre obras del Tren Maya que fueron objeto de clausura durante 2025.
Precisamente uno de los elementos relevantes para el procedimiento judicial es conocer las actuaciones administrativas que sustentaron tanto aquella clausura como el posterior retiro de los sellos.
Juzgado negó suspensión; ambientalistas impugnaron
El juicio de amparo fue presentado ante el Juzgado Quinto de Distrito, que el pasado 18 de junio negó la suspensión definitiva solicitada por los integrantes de Sélvame del Tren.
Ante esa resolución, los ambientalistas promovieron el recurso correspondiente ante un Tribunal Colegiado.
Aunque la Profepa ya habría presentado un informe previo dentro del procedimiento, el órgano jurisdiccional requirió ahora el informe justificado y la documentación necesaria para conocer los antecedentes y fundamentos de las actuaciones de la autoridad ambiental.
La documentación resulta relevante para que el Tribunal cuente con mayores elementos al momento de resolver el recurso planteado por los promoventes.
Por ahora, la Profepa dispone de tres días hábiles adicionales para atender el requerimiento judicial. De persistir el incumplimiento, se hizo efectivo el apercibimiento de una sanción económica al servidor público responsable.
El litigio vuelve a colocar bajo revisión judicial las decisiones administrativas tomadas alrededor de las obras del Tren Maya y, particularmente, las razones que llevaron a Profepa a clausurar trabajos y posteriormente permitir el retiro de los sellos colocados en 2025.
