***Accionistas de la empresa concesionaria solicitan a Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV impugnar la desción de los legisladores, ya que no pueden atribuirse facultades que no le han sido conferidas, ni tiene la prerrogativa de desconocer los compromisos asumidos por los municipios y por el Poder Ejecutivo del Estado al modificar el Título de Concesión el 18 de diciembre de 2014, afirman
Ciudad de México.- Por considerar que es “ilegal” la abrogación del Congreso del Estado de Quintana Roo a la ampliación de la concesión a la empresa Aguakan, los principales accionistas de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (DHC) solicitará que se “impugne” la determinación y “promueva los medios de defensa que considere oportunos y convenientes” para revertir la decisión de los diputados.
En un comunicado dirigido a los accionistas de Aguakan, publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el GBM Infraestructura, S.A. de C.V. (“GBM Infraestructura”) asegura que “el Poder Legislativo de Quintana Roo no puede atribuirse facultades que no le han sido conferidas, ni tiene la prerrogativa de desconocer los compromisos asumidos por los citados Municipios y por el Poder Ejecutivo del Estado al modificar el Título de Concesión el 18 de diciembre de 2014”.
Como se recordará, el pasado viernes 22 de diciembre, el Congreso del estado derogó el Decreto 250 que otorgaba una prórroga de 30 años, la concesión de Aguakan vence a su plazo original, o sea, el 31 de diciembre de 2023.
A continuación, el comunicado integro:
A todo el Público Inversionista:
Se hace del conocimiento del público inversionista que el pasado 22 de diciembre, la Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó el Decreto número 195 (el “Decreto 195”) por el que se abroga el diverso Decreto número 250 emitido por la propia Legislatura el 15 de diciembre de 2014 (el “Decreto 250”). En el Decreto 250 se resolvió, entre otras cosas, (i) prorrogar anticipadamente a su vencimiento la vigencia del Título de Concesión otorgado en favor de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (“DHC”), para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales (el “Título de Concesión” o la “Concesión”) en los Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, hasta el 31 de diciembre del 2053, (ii) extender la Concesión a la prestación de los mencionados servicios públicos en el Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, y (iii) modificar el Título de Concesión para incluir en el mismo el nuevo plazo de vigencia, la concesión de los servicios públicos por el Municipio de Solidaridad y actualizar diversas cláusulas y anexos del propio Título de Concesión.
CIBanco, S.A., Institución De Banca Múltiple, en su carácter de fiduciario del fideicomiso irrevocable F/1491, emisora de los certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo identificados con clave de pizarra “GBMICK 12” (“CKDs”), a través de su sociedad promovida GBM Hidráulica, S.A. de C.V., es titular del 49.9% del capital social de DHC.
GBM Infraestructura, S.A. de C.V. (“GBM Infraestructura”), administrador de los CKDs, considera que el Decreto 195 es ilegal. GBM Infraestructura solicitará a DHC que impugne el Decreto 195 y promueva los medios de defensa que considere oportunos y convenientes en contra del mismo.
El Decreto 195 desconoce absolutamente la naturaleza y normatividad rectora del Título de Concesión e invade esferas y atribuciones de los Municipios soberanos concedentes de la Concesión, así como del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, lo que representa una clara transgresión al orden constitucional y legal aplicable, así como de los derechos fundamentales de DHC.
El Decreto 250 que se pretendió abrogar por la Legislatura del Estado de Quintana Roo entró en vigor desde el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, surtiendo plenamente sus efectos y alcances desde la firma y modificación del Título de Concesión el 18 de diciembre de 2014, es decir, desde hace más de nueve años.
El Poder Legislativo de Quintana Roo no puede atribuirse facultades que no le han sido conferidas, ni tiene la prerrogativa de desconocer los compromisos asumidos por los citados Municipios y por el Poder Ejecutivo del Estado al modificar el Título de Concesión el 18 de diciembre de 2014.
Más de 22 millones de trabajadores participan indirectamente como accionistas de DHC, a través de las Afores titulares de CKDs.
GBM Infraestructura confía que prevalecerá el estado de derecho y que el Poder Ejecutivo del Estado, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo y los Municipios concedentes de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos, actuarán en estricto cumplimento de las normas aplicables y siempre en cumplimiento de resoluciones judiciales firmes.
