***El empresario Alberto Millar López decidió llevar a los tribunales una disputa que asegura comenzó por terrenos adquiridos legalmente al Gobierno de Quintana Roo y terminó, según su versión, en denuncias por 250 y 150 millones de pesos y “extorsión y amenazas” por 10 millones de pesos
***En entrevista, afirma que José Manuel Ramírez conocido en el gremio periodístico como “Pepe Ramírez”, le exigió personalmente esa cantidad en un predio a cambio de no hacer públicas una serie de mentiras sobre la adquisición del predio
***Asegura que Carlos Hernández Hernández, actualmente detenido, es manipulado por el licenciado en derecho y “periodista”, tergiversando y alterando el proceso de una sucesión de litigios que se remonta a derechos cedidos por su padre, Carlos Hernández Cantón
***Millar asegura tener documentos, comprobantes de pago y expedientes para sostener sus señalamientos y pide que sean los tribunales los que determinen responsabilidades; hace un llamado al presidente Heyden José Cebada Rivas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo
Por Alejandro Vargas
Alberto Millar López, empresario y asesor inmobiliario, rompió el silencio sobre una batalla jurídica que, asegura, ha escalado durante años y que hoy se desarrolla tanto por la vía penal como civil.
Millar sostiene haber presentado acciones legales por presunta extorsión y amenazas, así como por el daño moral y patrimonial que afirma haber sufrido. Pero entre todos sus señalamientos existe uno particularmente grave: asegura que José Manuel Ramírez Hernández le exigió 10 millones de pesos bajo amenazas.
“José Ramírez me pidió 10 millones de pesos o una parte proporcional de mi propiedad. Me los pidió personalmente, frente a frente, en el predio”, declaró Millar durante la entrevista.
El empresario atribuye ese episodio a José Manuel Ramírez, a quien identifica como “Pepe Ramírez” y la persona que opera la página web y redes sociales “La Palabra del Caribe”, aunque precisa que formalmente aparecería otra persona vinculada al medio. Sin embargo, subrayó que “ese señor no es periodista es un atracador es un youtubero, un facebookero, un twittero, es una basura, dedicado a difamar y cobrar para callar sus mentiras”.
La acusación sobre los 10 millones de pesos corresponde al testimonio directo de Alberto Millar y deberá ser determinada por las autoridades dentro de los procedimientos correspondientes.
Agregó que desde hace más de una década, Ramírez Hernández desplegó, a través de los medios de información de los que forma parte, una serie de difamaciones en su contra lo que también ha afectado no solo su patrimonio sino también su honorabilidad, y su tranquilidad personal y su vida familiar.
Millar sostiene que el episodio no puede entenderse de manera aislada. Detrás existe una disputa inmobiliaria que comenzó hace más de una década y en la que aparecen Carlos Hernández Cantón, ya fallecido; su hijo, Carlos Hernández Hernández; derechos de ocupación sobre un terreno y posteriores operaciones realizadas con el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE) de Quintana Roo.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
La historia, según Millar, comenzó en 2015. Ese año, Carlos Hernández Cantón le habría realizado la cesión de derechos de ocupación, ante notario público, de un predio ubicado en la delegación de Alfredo V. Bonfil.
“Don Carlos Hernández Cantón me hizo la cesión de derechos de ocupación ante un notario público”, explicó.
Después de recibirlas, Millar asegura que acudió al IPAE para conocer exactamente la situación jurídica de los terrenos.
De acuerdo con su relato, ahí le explicaron que los inmuebles habían dejado de pertenecer al ejido como consecuencia de una expropiación y habían pasado a formar parte del patrimonio del Gobierno del Estado.
A los ocupantes originales, explicó, se les habría reconocido determinada superficie relacionada con sus viviendas, en tanto que el resto quedó bajo control patrimonial del Estado y podía ser enajenado cuando no estuviera destinado al uso común.
Fue entonces, asegura Millar, cuando realizó las operaciones directamente con el Gobierno estatal. “Me vendieron y yo compré legalmente. Tengo todos los recibos, las facturas y las transferencias. Yo pagué”, sostuvo.
Esta documentación resulta fundamental porque la controversia posterior gira precisamente alrededor de los derechos sobre esos terrenos.
La siguiente parte de la historia ocurre años después. Carlos Hernández Cantón enfermó y posteriormente falleció. Pero, de acuerdo con Millar, aproximadamente una semana antes de su muerte habría sido elaborado un poder mediante el cual otorgaba facultades a su hijo, Carlos Hernández Hernández.
Millar pone en duda ese documento, aunque reconoce que él no puede determinar técnicamente su autenticidad. “Yo no soy perito y no puedo decir jurídicamente que sea falso, pero considero que ese poder debe investigarse”, afirmó.
Según su versión, ese documento se convirtió posteriormente en una de las herramientas utilizadas para emprender diferentes acciones legales en su contra. “A sabiendas de que las acusaciones en su contra eran falsas, el hijo Carlos Hernández Hernández”, presentó las denuncias, dijo.
Millar asegura que incluso se habría hecho creer a un juez federal que Carlos Hernández Cantón continuaba con vida y permanecía gravemente enfermo. Pese a que el señor ya había fallecido”, precisó.
El empresario afirma haber presentado ya el acta de defunción dentro de los procedimientos judiciales correspondientes.
Será la revisión de los expedientes y, eventualmente, un análisis pericial del poder lo que permita establecer la autenticidad del documento y el alcance jurídico que pudo tener con falsas acusaciones.
La disputa adquirió después una dimensión económica extraordinaria.
De acuerdo con Millar, Carlos Hernández Hernández presentó en una primera ocasión una reclamación por 250 millones de pesos. Posteriormente, asegura, llegó una segunda por 150 millones de pesos.
No se trata, según el entrevistado, de una sola reclamación por 400 millones, sino de dos acciones distintas: primero 250 millones y después otros 150 millones de pesos.
Millar considera desproporcionadas las cantidades y sostiene que el propio Hernández Hernández, dedicado al reparto de comida rápida por medio de una aplicación con ingresos mensuales de aproximadamente ocho mil pesos dentro de actuaciones relacionadas con el caso.
“Una persona que declara que gana ocho mil pesos al mes me demanda primero por 250 millones y después por 150 millones. Son cantidades enormes”, cuestionó.
Para el empresario, el daño no comienza con una eventual sentencia. Asegura que simplemente enfrentar litigios por esas cantidades obliga a contratar abogados, contestar procedimientos, comparecer y destinar recursos permanentemente a su defensa.
“Imagínate que tú vives honestamente de tu trabajo y de pronto te demandan por esas cantidades. Tienes que defenderte, tienes que pagar abogados, tienes que contestar. Si no contestas, te puedes ir en rebeldía y eso afecta tu patrimonio de manera directa”, explicó.
Por ello sostiene que las acciones legales le han generado afectaciones económicas independientemente de cuál sea finalmente el resultado de los juicios.
UNA DISPUTA QUE SALTÓ A LO PENAL
El conflicto dejó de estar limitado a la propiedad de los terrenos.
Millar asegura que interpuso una denuncia penal por presunta extorsión y otra acción por la vía civil para reclamar el daño moral y patrimonial que atribuye a las publicaciones y procedimientos emprendidos en su contra, generados por José Manuel Ramírez o Pepe Ramírez.
De acuerdo con su testimonio, Carlos Hernández Hernández se encuentra actualmente detenido, vinculado a proceso y sujeto a una medida cautelar de prisión preventiva, debido a que a sabiendas de que sus supuestas pruebas son falsas.
Ese dato deberá contrastarse con la resolución judicial correspondiente para establecer el delito imputado, número de causa penal, medida cautelar vigente y alcances exactos de la vinculación a proceso. La vinculación, por sí misma, no constituye una sentencia ni determina responsabilidad penal.
Millar, sin embargo, asegura confiar en las pruebas que ha aportado.
“Yo tengo todos los elementos. Confío en que la justicia me va a dar la razón”, sostuvo.
Es en este punto donde Alberto Millar coloca el episodio que considera determinante.
Según su declaración, José Manuel Ramírez o Pepe Ramírez acudió junto con Carlos Hernández Hernández a un predio relacionado con la controversia.
Ahí, asegura, ocurrió la petición económica.
“José Ramírez me exigió 10 millones de pesos. Me los pidió personalmente, frente a frente, en el predio, y me amenazó”, reiteró.
Hay una particularidad adicional: el empresario sostiene que actualmente el inmueble en cuestión ya ni siquiera pertenece a él, debido a que posteriormente fue vendido. “Ese predio ya no es mío. Ya lo vendí”, puntualizó.
Millar hizo otro señalamiento durante la entrevista.
Asegura que dentro de esta confrontación se han utilizado nombres de abogados de reconocido prestigio como el abogado y exsenador Fernando Gómez Mont, y otros abogados, y referencias a personajes políticos para generar la impresión de contar con relaciones e influencia.
Según su versión, algunos nombres aparecen dentro de procedimientos legales sin que posteriormente esas personas comparezcan para aceptar los cargos correspondientes.
También cuestionó la utilización en redes sociales de fotografías con figuras políticas, entre ellas la presidenta de México y la gobernadora de Quintana Roo.
Millar fue especialmente cuidadoso en deslindar a la gobernadora de los hechos que denuncia.
“Yo conozco a la señora gobernadora y es una persona decente y honorable. Lo que no se vale es utilizar su nombre para influir”, afirmó.
Su señalamiento, aclaró, no es contra funcionarios públicos sino contra quienes, desde su perspectiva, pretenden utilizar fotografías, nombres o supuestas relaciones políticas para proyectar una capacidad de influencia.
“NO ESTOY PIDIENDO PRIVILEGIOS”
Alberto Millar reclama que los procedimientos sean revisados exclusivamente a partir de documentos y pruebas.
“Lo que pido es justicia pronta y expedita”, señaló.
El empresario hizo un llamado al Tribunal Superior de Justicia, a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno de Quintana Roo para que las instituciones no permitan que supuestas relaciones políticas o mediáticas interfieran en la actuación de las autoridades.
“No estoy pidiendo ningún privilegio. Quiero que se revise la documentación, que se investiguen los hechos y que se aplique la ley”, resumió.
