CANCÚN, Q. ROO.- Las primeras sentencias del recién creado Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) contra funcionarios que presuntamente han incurrido en actos de corrupción o responsabilidades en el ejercicio de su función estarán listas los primeros días del mes de junio, aseguró la magistrada Isabel Cecilia González Glennie.
A cuatro meses de iniciar operaciones, añadió, el TJA tiene en sus manos 100 expedientes en proceso, entre los cuales hay impugnaciones contra cobros del impuesto predial, contratos celebrados por ayuntamientos, despidos de policías y asuntos que involucran a ex funcionarios de la pasada administración estatal, entre otros.
Pero el cúmulo de expedientes podría duplicarse respecto al número que manejaba una sola Sala, la Constitucional de Justicia Administrativa, que sumó 300 casos en 2017, indicó por su parte el magistrado presidente del TJA Alfredo Cuéllar Labarthe.
“El Tribunal, sin ningún problema estamos está rebasando los 100 casos; esto te habla de una dinámica que está en crecimiento, tomando en cuenta que la estadística de la Sala Constitucional y Administrativa, en promedio, andaba en 300 asuntos al año y nosotros estamos apenas empezando con la tercera parte, lo que indica que eventualmente vamos a crecer en casos.
“Nosotros estamos funcionando formalmente, ya tenemos personal; estamos divididos en cuatro Salas.
Hay una en Chetumal, otra en Playa del Carmen y dos en Cancún. El pleno está en la capital del estado. Incluso vamos a sesionar en breve, el primer recurso; es un recurso que trae uno de los magistrados y en el pleno lo vamos a ver”, precisó.
La próxima sesión del pleno será el 3 de mayo, en Chetumal, y se centrará en la resolución sobre un recurso de reclamación, sobre un acuerdo dictado por la magistrada Isabel González Glennie.
Conformado por cinco magistrados –cuatro unitarios y un presidente–, el TJA es un órgano jurisdiccional autónomo que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción y se encarga de dirimir las controversias emplazadas por los particulares en contra de la administración pública estatal y las municipales.
Con un presupuesto inicial de 15 millones de pesos que se incrementó a casi 50 millones, este órgano de justicia también debe fincar responsabilidades por afectaciones a la hacienda pública estatal y municipales, así como a sus respectivos patrimonios públicos.
En entrevista con Luces del Siglo, el magistrado presidente explicó que la importancia de este Tribunal es que ve los mismos asuntos como el de un ciudadano que se inconforma ante una multa impuesta por un agente de tránsito, hasta casos fiscales, de salud o ambientales a nivel municipal o estatal.
En materia Anticorrupción pueden sancionar a funcionarios públicos que hayan cometido actos muy graves, conforme a la Ley de Responsabilidad Administrativa de Servidores Públicos del estado.
También conoce de la apelación hecha por ciudadanos respecto a dictámenes de no responsabilidad, emitidos por las Contralorías municipales o la del estado, a favor de funcionarios públicos.
Por separado, la magistrada González Glennie detalló que al Tribunal puede acudir un ciudadano o ciudadana que desee inconformarse por un cambio de uso del suelo aprobado irregularmente por el Cabildo o un empresario al que un ayuntamiento le niegue indebidamente la licencia de funcionamiento para su negocio.
De igual forma un comerciante al que la comuna le cobre inadecuadamente el servicio de recolección de basura o un ciudadano a quien se esté cobrando el impuesto predial en un rango mayor al que le corresponde; se puede impugnar la emisión ilegal de una licencia de construcción o una multa en materia ambiental o un impuesto estatal.
En su opinión, la relevancia del Tribunal consiste en que antes había sólo un magistrado resolviendo todas las controversias que se suscitaban entre los particulares y los actos de la administración pública municipal o estatal. La defensa de los actos administrativos la llevaba solamente un magistrado, en Chetumal.
“Con este nuevo Tribunal se acerca la justicia a la gente, que hoy cuenta con un tribunal cercano a sus lugares de residencia, que los puede defender de actos administrativos que se emitan de manera ilegal en cualquier materia administrativa: Hacendaria, Ambiental, de Desarrollo Urbano”, expuso. “Lo más importante que hemos hecho en cuatro meses es conformar el Tribunal.
Empezamos de cero, compramos muebles, rentar inmuebles, adquirir computadoras, contratar personal; empezamos de cero, no existía nada”, dijo. (Información: Luces del Siglo/ Fotografía: Luces del Siglo).
