El gobernador de Tamaulipas criticó que la mayoría del partido en el gobierno procedió por consigna, y sin ninguna prueba o razonamiento jurídico suficiente
Tamaulipas, 3 de mayo 2021.-La Cámara de Diputados avaló desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con 302 votos de Morena, PVEM, PT y PES. La oposición sumó 134 votos en contra y 14 abstenciones. Sin embargo, en Tamaulipas, el congreso local rechazó desaforar al mandatario y lo declaró improcedente con 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones.
“La Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria: a lugar a proceder en contra del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, el ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Comuníquese la presente resolución al Congreso del Estado de Tamaulipas, para sus efectos correspondientes al párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución”.
BUSCAN REMOVERME A LA MALA, PORQUE SABEN QUE POR LA BUENA NO PUEDEN”
“El gobernador de Tamaulipas, tras conocer el fallo en la Cámara de Diputados donde se avaló su desafuero, posteó un video en sus redes sociales donde criticó que la mayoría del partido en el gobierno, “me quiere desaforar y remover del cargo, por no haber pagado supuestamente, los impuestos de la compraventa de un departamento. Eso es todo. Por absurdo que parezca”.
Indicó que a lo largo de este procedimiento, su defensa ha demostrado que esa operación fue lícita; que los impuestos fueron debidamente declarados y pagados; que mi patrimonio, “es producto del esfuerzo personal y familiar de toda una vida”.
“Pero es claro que cuando hay consigna, ninguna prueba o razonamiento jurídico es suficiente para que impere la verdad y la razón. Y es que este desafuero, no es una causa de justicia, sino una venganza política”, lamentó.
Criticó que el “uso sucio de las instituciones del gobierno federal, concretamente la UIF se ocupa para inventar delitos, para fabricar culpables que puedan distraer la atención”, además de dirigir el resentimiento ante la evidente falta de resultados de un gobierno que habla mucho y hace poco.
García Cabeza de Vaca advirtió que lo que buscan es removerlo del cargo a la mala, porque saben que no pueden ganar por la buena. “Quieren meterme a la cárcel, porque saben perfectamente que no pueden convencer en las urnas”, porque, dijo, necesitan culpables que justifiquen su ineptitud y su corrupción.
CONSTITUCIÓN CLARA
En dicho video, resaltó que la Constitución es clara: la Cámara de Diputados federal no puede desaforar por sí misma a ningún funcionario local. Esa facultad compete en última instancia al Congreso local, por la sencilla razón de que el poder local emana de la soberanía popular, de los estados que integran la Federación.
Hasta este momento, nunca se había desafiado tan burdamente el espíritu y letra del federalismo constitucional. Parece que fue ayer cuando en el entonces Distrito Federal, en los confines de 2005, se defendía el espíritu federal de la República para evitar la consumación de otro perverso desafuero.
Cuando desde la tribuna del Congreso se acusaba al presidente de fabricar culpabilidades, por pensar o actuar distinto.
“Me permito citar al entonces señalado culpable, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo: ´El dolo y la mala fe es de quien me acusa, de quienes me acusan. Tengo la conciencia tranquila. Desde hace muchos años que lucho por mis ideas y lo hago apegado a principios, uno de estos es precisamente, hablar con la verdad y conducirme con rectitud. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar, y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria´. No puedo más que suscribir estas palabras porque en efecto, ser opositor tiene su costo. Quienes lo somos, lo sabemos”.
Vamos por una ruta acelerada hacia lo peor del pasado: los opositores viven con la permanente amenaza de una investigación hecha a modo, o del acoso de una filtración y la quema en la plaza pública de cualquier reputación; la prisión preventiva es expedita y ejemplar cuando se trata de adversarios; hay más causas judiciales abiertas en contra de los incómodos del pasado, que contra los criminales del presente”.
REACCIONES AL DESAFUERO
El dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, expresó que el presidente López Obrador debería combatir a los verdaderos delincuentes, los cuales cada día lo colocan más cerca de ser un gobierno fallido, en lugar de perseguir a los adversarios ante el crecimiento de Acción Nacional en las encuestas.
El gobierno, agregó, está desesperado por ganar las elecciones y repite el uso de instituciones para despejar su camino. Hoy le toca al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tal como antes se usó para sacar a un ministro de la Suprema Corte o a un director de la Comisión Reguladora de Energía, entre otros.
Cortés Mendoza destacó que el juicio político contra el gobernador Cabeza de Vaca es parte de la operación de propaganda política del gobierno morenista para intentar ganar las elecciones. El gobierno morenista, añadió, tiene una mayoría artificial en la Cámara de Diputados con la que puede hacer lo que se le antoje, y ahora se le antoja desprestigiar al PAN.
En tanto, Mario Delgado posteó en Twitter que en esta Cuarta Transformación “no hay nada al margen de la ley y nadie por encima de la Ley. Hoy la Cámara de Diputados le quitó el fuero al gobernador de Tamaulipas y debe llevarse hasta las últimas consecuencias. “No es el primer gobernador del #PRIAN acusado de cometer delitos”.
La Alianza Federalista, de la que es miembro Cabeza de Vaca, tuiteó:
Estado de derecho, federalismo, división de poderes, república y democracia, son, en conjunto, salvaguardas contra un poder desmandado. La #AlianzaFederalista estará siempre en favor de las instituciones y derechos que sostienen a un #México libre, plural y justo.
https://twitter.com/afederalista/status/1388282489102348295?s=21
El expresidente Vicente Fox respondió al video del gobernador de Tamaulipas:
https://twitter.com/vicentefoxque/status/1388303552460869636?s=21
La sesión arrancó con la instalación de la Cámara como Jurado de Procedencia, para revisar y votar el dictamen de la Sección Instructora que propone el desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Por escrito, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca confirmó que no acudiría a la sesión y que sería representado por su abogado Alonso Aguilar Zinser.
El bloque morenista y aliados, autonombrados parte de la 4T argumentaron los delitos por los que se le acusa al gobernador de Tamaulipas; mientras que los partidos de oposición acusaron usar los instrumentos de justicia a modo en contra de quienes no piensan igual que el partido en el poder y el gobierno federal.
“No sé si es ignorancia, simulación o protagonismo”, señaló la diputada del PAN Silvia Garza, y apuntó que en San Lázaro no se le quitará el fuero al gobernador de Tamaulipas, sino en el Congreso del estado donde fue electo. “(En la Cámara de Diputados) sólo van a probar una declaración de procedencia”.
El diputado Cayetano García (Morena), por su parte, dijo: “Ustedes dicen se va a resolver en el Congreso de Tamaulipas ¿y nosotros, qué, la Constitución, qué? ¿Estamos pintados? Se va a resolver aquí. Cuando fue el desafuero de AMLO se resolvió aquí”.
La legisladora añadió que diputadas de Morena, PT y PES confesaron que reciben amenazas para votar como les dicen desde Palacio Nacional a cambio de las candidaturas a la reelección.
“No es el gobernador de Tamaulipas el que está acusado de violador. Por cierto ¿en dónde está el diputado Saúl Huerta? ¿Sí vino? ¿Se le ha reconvenido por las ausencias? ¿Está en el país? Hoy es 30 de abril ¿Cómo la estará pasando el menor que lo denunció? ¿Por qué no lo defienden ustedes?”, cuestionó Garza.
¿QUÉ MÁS SE DIJO?
La fiscal Elizabeth Alcántar manifestó que “el gobernador acumuló una fortuna millonaria con una treintena de propiedades ocultas en Texas y Tamaulipas adquiridos entre 2005 y 2019” y aseguró que el gobernador de Tamaulipas dañó al fisco por 6 millones 511 mil 077 pesos.
A su vez, el abogado del gobernador, Alonso Aguilar Zinser, afirmó que el dictamen a votar deja fuera los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita. “No son parte de esta sesión”. Agregó que se vulneró la presunción de inocencia del mandatario tamaulipeco.
Aguilar Zinser pidió al pleno de San Lázaro que “se deseche el dictamen de la Sección Instructora porque de aprobarse, se estará vulnerando de nuevo la presunción de inocencia del gobernador”.
“No hay prueba de que la familia del gobernador tenga cientos de millones de pesos que refiere la FGR. Aquí la única operación probada es que el gobernador vendió a una empresa un departamento (…) solicito que no se apruebe el dictamen emitido por la Sección Instructora porque no está acreditado el delito de defraudación fiscal. El gobernador y su esposa pagaron el impuesto correspondiente por la venta de un departamento”, detalló.
Pablo Gómez, presidente Sección Instructora: “los gobernadores son autoridades fiscales en el plano local, deben valorar el significado y trascendencia del debido pago de impuestos. Defraudar al fisco federal es defraudar a la propia entidad federativa donde radica el causante.
“Realizamos un proceso limpio, solicito el voto aprobatorio del Jurado”, agregó Gómez.
Elías Lixa, diputado del PAN, presenta la bancada de Acción Nacional moción suspensiva contra el desafuero del gobernador de Tamaulipas. “Montaron un circo mediático que nulifica las instituciones, utilizan la justicia para ayudar a sus amigos y perseguir a sus opositores. No pudieron leer en 24 horas las 9 mil hojas del expediente”.
Pidió que no se “presten a esta barbaridad podrida disfrazada con fines electorales”. El pleno legislativo por mayoría de votos desechó la moción suspensiva que propuso.
Juan Carlos Romero Hicks, diputado del PAN: “el presidente de la República, con el virus del odio y la soberbia, ha comandado una ofensiva ilegal vulnerando el debido proceso con la burda intención de impactar en las elecciones”.
Destacó que “se acredita un dictamen mediocre, se refieren solo a uno de tres delitos, se pretende confundir a la opinión pública. Se daña al federalismo”.
Adriana Dávila, diputada del PAN argumentó que “esta es una amenaza directa a todos los gobernadores del país que se atrevan a disentir con el inquilino de Palacio Nacional”.
Señaló que “es grave que estén sin justicia por lo menos 5 víctimas de Salgado Macedonio. Morena ‘mató’ en un comunicado a una de ellas”.
“Lamentable que alguien esté acusado de lastimar a un niño de 15 años, quien denunció al diputado de Morena, que es miembro de la Comisión de Justicia. No tienen vergüenza”, lanzó.
Claudia Pastor, diputada del PRI, señaló que “hay un claro interés de la mayoría por utilizar este procedimiento con fines electorales y de golpeteo político”. Agregó que el Ministerio Público debería actuar cuando cuente con mejores pruebas.
“Hay violaciones al debido proceso, en el desahogo de pruebas, no análisis de alegatos. ¿Consideran que ese es el rasero para medir la función pública?”, cuestionó Pastor.
“Me opongo al desafuero del gobernador, repongan el procedimiento, desahoguen las pruebas y permítanse la reflexión, háganlo bien”, expuso.
Antonio Ortega, diputado del PRD, dijo que “buscan garantizar el linchamiento político de un gobernador de oposición, frente a una debacle electoral cuya cercanía pone nerviosa a la mayoría que después del 6 de junio, estamos seguros, dejará de serlo”.
Agregó que “Pablo Gómez y su séquito en la Sección Instructora, han tenido una actuación tan vergonzosa como la de quienes lo juzgaron en 1968”.
La diputada Fabiola Loya, de Movimiento Ciudadano que haya cinco solicitudes de desafuero. “Se deja sin resolver solicitudes más antiguas que debieron resolverse antes del caso Tamaulipas”.
En tanto, el diputado Antonio Ortega, del PRD indicó que se espera que “el Poder Judicial de la Federación actúe y respete los derechos humanos del imputado, derechos que esta cámara le ha negado y que el Congreso del estado debe reponer”.
AVANZA EN SOLO 60 DÍAS
El 25 de febrero, la Fiscalía General de la República entregó a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero contra el gobernador; ésta fue turnada a la Sección Instructora y, tras 60 días, se emitió el dictamen. Desde el primer día, el gobernador panista afirmó ser inocente y acusó que el tema es “más político que judicial”.
“Se trata de una embestida desde Palacio Nacional, por diferencias políticas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por no someterme a su administración”, y aseguró, como un hecho, que fue por desmentir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante el apagón ocurrido en el norte del país en diciembre 2020.
El dictamen determinó “la probable responsabilidad del hoy acusado”, supuestamente demostrada en sus declaraciones fiscales y discrepancias entre sus ingresos; lo que derivó en “detrimento de la recaudación impositiva y beneficio indebido del contribuyente”.
En marzo, se realizó una diligencia virtual pública, en la que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expuso la investigación del caso. La Sección Instructora afirmó que, en todo momento, se respetó el principio de presunción de inocencia de García Cabeza de Vaca.
OPOSICIÓN RECLAMA IRREGULARIDADES
A favor del dictamen que confirma el desafuero del panista votaron Pablo Gómez y Martha Patricia Ramírez, ambos diputados de Morena; así como la diputada Mary Carmen Bernal, del PT. La diputada Claudia Pastor, del PRI, votó en contra y expuso a detalle sus argumentos en un voto particular que también fue publicado en la Gaceta Parlamentaria.
“No es posible tener justicia selectiva. No podemos pensar que los (casos) que son contra opositores haya prisa y obscuridad. Pero si son funcionarios del partido Morena con acusaciones graves contra infantes, entonces sean calma y pasos de tortuga”, dijo.
En su voto particular, argumentó que, desde su punto de vista, “no se advierte urgencia en la separación del cargo. No hay flagrancia, peligro en la demora y, por el contrario, existe una celeridad que no es equivalente en otros casos que también se tienen en la Sección Instructora”.
El diputado panista Marcos Aguilar, presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, explicó a La Silla Rota que, si mañana se instala el Jurado de Procedencia, en formato de sesión semipresencial, se viola la normativa parlamentaria.
Aguilar detalló que la ley establece que la sesión debe ser presencial en su totalidad, porque el dictamen debe avalarse con el voto de las dos terceras partes del pleno, lo que se conoce como mayoría calificada. También consideró que “es irregular no permitir el posicionamiento de cada bancada sobre el tema”, como regularmente sucede.
Agregó que, además, se violó el principio de representatividad y pluralidad al dejar a la bancada panista fuera de la integración de la Sección Instructora, pese a ser la segunda bancada más grande en el Congreso. El cambio de integración se hizo en 2019.
“La ley precisa que, cuando el pleno se instala en Jurado de Procedencia o Juicio Político, la sesión debe ser presencial; y la Conferencia acordó que, por el reglamento de contingencia la sesión será semipresencial; el reglamento no contempla esto”, detalló.
Adelantó que la consecuencia de un incumplimiento a las reglas del debido proceso es la nulidad del acto legislativo. “Las cosas están haciendo mal y mañana el gobernador, o quién esté sujeto a un juicio, va a impugnar el acto. Y va a ganarlo por una cuestión procesal”, advirtió.
CONGRESO LOCAL DESCARTA DESAFUERO
El Congreso de Tamaulipas declaró improcedente el desafuero contra el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, luego de que la Cámara de Diputados aprobó quitárselo.
Los legisladores estatales rechazaron la declaratoria de procedencia de homologación contra García Cabeza de Vaca con 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones.
El poder Legislativo local determinó que no se debe retirar la protección o inmunidad procesal penal del mandatario estatal, pese a la oposición de los diputados de Morena.
De acuerdo con el periódico El Universal, el Congreso de Tamaulipas promovió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional por el desafuero del gobernador. El remitente de la controversia es la diputada panista Marta Patricia Palacios Corral.
La Silla Rota
