Llueven papas calientes a entrante presidenta municipal Laura Beristain Navarrete

**Despierta profundas sospechas la entrega de valiosos predios propiedad del municipio de Solidaridad a la empresa española OHL

Playa del Carmen, Q. Roo, a 26 de septiembre 2018.- La entrante presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristaín Navarrete, suma a sus quehaceres como gobernante la de investigar a fondo el caso de las 31 hectáreas que le fueron devueltas a las dos filiales de la trasnacional española OHL, cuyo dueño Juan Miguel Villar Mir, sometido a juicio judicial por corrupción.

Y es que resulta sorprendente que el saliente gobierno de Solidaridad que encabeza la presidenta Cristina Torres Gómez haya entregado esas tierras a cambio de la donación de una guardería y el pago de 55 millones de pesos.

En días pasados se formalizó la entrega de los cotizados predios de 31 hectáreas con valor comercial de 93 millones de dólares a las empresas Huaribe S.A. de C.V. y Novaterra Caribe S.A.P.I. de C.V., subsidiarias de la empresa española OHL (Obrascón Huarte Lain), de Juan Miguel Villar Mir.

Los tres predios de cinco que esta empresa tenía la obligación de donar al municipio para equipamiento urbano (escuelas, parques, centros de convivencia, etc.), le fueron devueltos a cambio de una guardería, acción contraria la legislación municipal.

El primero de los predios mide 52 mil 267.26 metros cuadrados; el segundo predio 41 mil 817.04 metros cuadrados; y el tercero 96 mil 884.96 metros cuadrados, cuyo valor total de 93 millones de dólares, pues en la zona cada metro está valuado en la actualidad en 300 dólares (unos 6 mil pesos); sin embargo, las empresas sólo pagaron 55 millones 257 mil 924.14 pesos como dispensa para no entregar la propiedad como donación al Ayuntamiento.

La decisión de entregar los terrenos según abogados litigantes y ciudadanos de esta entidad, se tomó de un “plumazo” por Cristina Torres, mediante una cesión de cabildo ex profeso realizada el 1 de abril de este año, quien al rendir su segundo y último informe expuso que también se recibió “generosamente” una guardería por estos fraccionadores de Ciudad Mayakoba, quienes públicamente aceptaron la compra-venta de extenso predio que adquirieron casi regalado.

Aunque Cristina Torres no se descarta para integrarse al gobierno del ‘cambio’ de Carlos Joaquín González; pone en riesgo su futuro político y podría estar en antesala de la cárcel como Borge por vender el patrimonio de los solidarenses a muy bajo costo, en conjunto con el cabildo en turno.

Cabe resaltar que el 1 de abril del año en curso, el acuerdo de cabildo correspondiente aprobó por unanimidad: “Acuerdo mediante el cual se aprueba enajenar inmuebles varios a favor de diversas personas morales; así como dispensar la entrega física de inmuebles a favor del municipio, aprobado en la Trigésima Novena Sesión Ordinaria “Honorable” Ayuntamiento el municipio de Solidaridad, Administración 2016-2018, celebrada el 1 de abril de 2018”.

De acuerdo a los denunciantes, conforme al acuerdo de cabildo se acordó vender o enajenar dos predios propiedad del municipio y que forman parte del patrimonio inmobiliario de Solidaridad, a la persona moral Huaribe S.A. de C.V. empresa que forma parte de OHL, desarrolladores de Mayakoba y que fue la persona moral que donó los lotes a favor del municipio.

De la misma forma se autorizó subdividir en seis secciones el predio de 41 mil 817.04 metros –el 28 de marzo antes que se diera la reunión de cabildo y sin que estuviera protocolizada la división- para la construcción de una supuesta capilla ecuménica, un supuesto centro cívico, vialidades, un cárcamo y hasta un tanque, estos últimos para ser donados a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

Cabe resaltar que el cabildo de manera irregular autoriza la venta de los otros dos predios de los cinco que se tenían la obligación de donar, sin embargo no fueron incluidos en la escritura de donación, por lo que no formaron parte del Patrimonio Inmobiliario Municipal, debido a que el representante legal de las empresas Huaribe S.A. de C.V., y Novaterra Caribe S.A.P.I. de C.V., empresas subsidiarias de OHL, desarrolladores de Ciudad Mayakoba, no quiso entregarlos.

En relación a los otros dos predios que se tenía la obligación de donar, el primero de ellos se trata de ellos tiene una extensión de 117 mil, 181.39 metros cuadrados, con uso de suelo universidad y planta de tratamiento y que fue autorizado para incorporarse al patrimonio municipal, en tanto que el otro identificado como “Jesusito” mide 13 mil 483.79 metros cuadrados, propiedad de Novaterra Caribe S.A.P.I. de C.V.

De acuerdo a los denunciantes y litigantes, es ahí cuando Cristina Torres y su cabildo, aceptan pactar cantidades en efectivo por los dos predios antes descritos. Es decir el cabildo renuncia a la donación de los predios de los cuáles nunca tuvo propiedad, liberando a OHL la obligación que tiene de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano, de dar cumplimiento a sus obligaciones que como desarrollador tiene en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 60 de la Ley de Fraccionamientos del estado de Quintana Roo.

Por si fuera poco, en el acuerdo de cabildo se hizo el cambio de situación jurídica de dichos predios a fin de desincorporarlos de Bienes de Servicio Público a Bienes del Dominio Privado, a efecto de poder enajenarlos, pero sin cumplir con el compromiso establecido en el artículo 239 de la Ley de Municipios del estado que a la letras dice:

“Artículo 239.- Los Bienes de Servicio Público Municipal son…

El cambio de situación de situación jurídica y la enajenación de bienes del dominio público municipal, procederá cuando no se afecte el interés público o comunitario y siempre que se trate de bienes inmuebles que estén destinados a servicio públicos y se haya recabado previamente la opinión de los ciudadanos conforme a lo dispuesto en el Título Decimotercero, Capítulo V, de esta Ley.

La desincorporación de bienes o su enajenación o traslación de dominio que por cualquier título realicen los Ayuntamientos, en contravención de este artículo, serán nulas de pleno derecho”.

De esta forma conforme a las fuentes, toda vez que no se llevó a cabo dicha Consulta Pública a la ciudadanía del municipio de Solidaridad, a efecto de que manifestaran estar de acuerdo en la enajenación de dichos predios que forman parte del Patrimonio Inmobiliario Municipal, por lo que dichas ventas de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del citado artículo 239 son nulas de pleno derecho.

De la misma forma en la Ley de Municipios de la entidad en el Artículo 241 se establece que “todas las enajenaciones, concesiones de uso o usufructo y arrendamiento de bienes propios del Municipio se harán mediante subasta pública y con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento.

Misma subasta que no se llevó a cabo, por lo que estas enajenaciones son nulas de pleno derecho, además de que también se contraviene el artículo 240 de la Ley de Municipios en donde se establece que la enajenación de bienes responda a la ejecución de un programa, por lo que no se justifica la enajenación de estas 31 hectáreas.

La historia de la constructora OHL y del conglomerado de empresas que conforman el Grupo Villar Mir no se entiende sin la figura del empresario Juan Miguel Villar Mir, cuyo nombre ha aparecido recurrentemente asociado a casos de corrupción en los últimos años, especialmente desde que, en enero de 2013, ‘los papeles de Bárcenas’ le señalaran como uno de los constructores que entregó sobornos al PP a cambio de contratos.

En México, su relación con el grupo priista de Atlacomulco, que por años ha gobernado el Estado de México, le ha permitido ganar diversos contratos y millonarias concesiones de carreteras que le permiten ingresos que superan los 6 mil millones de dólares al año.

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