Cancún, Q. Roo,27 de septiembre 2018.- A pesar de que hay avances y se han hecho cosas positivas en el Estado, la violencia de género y la trata de personas son graves, en especial por su calidad de destino turístico y su cercanía con Centroamérica, manifestó Marco Antonio García Anievas, agente del Ministerio Público en la Ciudad de México, quien asistió al Taller de Trata de Personas organizado por el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).
En Cancún, por ejemplo, no hay un lugar al que puedan ser remitidas las víctimas de ese tipo de delitos, subrayó.
Al respecto, Silvia Damián, directora del IQM, confirmó que si bien, en el caso de la violencia de género se instaló un comité específico, faltan herramientas, capacitación para tener mejor información y ser más eficientes y eficaces.
Con estos cursos se busca que todas las autoridades que imparten justicia o están relacionadas con el tema tengan más conocimiento y mejoren sus prácticas.
Si bien reconoció no tener conocimiento de si se está trabajando en una casa de asistencia para este tipo de personas, dijo que en Chetumal hay un albergue, pero es sólo para mujeres.
García Anievas, por su parte, comentó que si bien hay avances en la elaboración de leyes para combatir esos delitos, que han permitido hacer un combate más efectivo, falta información.
Eventos como éste, en el que participan personal de la Fiscalía General, Poder Judicial, DIF y de Derechos Humanos, brindan capacitación y conocimientos que facilitan la detección y combate de la trata de personas.
Luego de señalar que el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera la trata de personas como un delito, explicó que el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio garantiza el castigo a los imputados que sean declarados culpables y la aplicación de medidas cautelares, que en el caso de las personas imputadas es la prisión preventiva oficiosa.
Es un delito que, por su gravedad, las personas involucradas van a prisión preventiva de manera oficiosa mientras se lleva su proceso y, en caso de resultar culpables, están obligados a la reparación del daño y, en caso de no poder hacerlo, el Estado debe garantizarla.
Este sistema, independientemente de las críticas, nos beneficia a todos. No sólo está hecho para los imputados, sino para todos y eso debe quedar claro para la sociedad, que debe acercarse para conocer bien cómo funciona, manifestó.
Asimismo, explicó que en México no hay una cultura de la denuncia y que, incluso, quienes son testigos de un delito no lo denuncian porque consideran que es pérdida de tiempo, pero hoy pueden hacerlo de manera anónima y la Fiscalía está obligada a investigar.(Infoqroo).
