Como en el caso del ex gobernador Roberto Borge Angulo, a quien se trajo desde Panamá, se iniciaron los trámites para extraditar a Gonzalo “N”
Chetumal, Q. Roo, 20 de febrero 2019.— La detención de Gonzalo “N”, a cargo de la Interpol en Belice, se concretó el pasado lunes 18 en Belice, de acuerdo con oficio que recibimos ese día a las 10 de la noche por vía electrónica y de inmediato iniciamos las gestiones para traerlo a suelo mexicano para iniciar el procedimiento penal correspondiente, de acuerdo con la carpeta 151/2017, manifestó la fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo.
De hecho, continuó, ya se nos solicitó girar oficio con los nombres de los elementos de la Policía de Investigación encargados de cumplimentar la aprehensión una vez que pise suelo mexicano este personaje, quien está acusado de desempeño irregular de la función pública.
En entrevista para QFM, destacó que, como en el caso del ex gobernador Roberto Borge Angulo, a quien se trajo desde Panamá, se iniciaron los trámites para extraditar a Gonzalo “N”, para lo cual les solicitaron una serie de requisitos, incluso copias certificadas de todas las constancias que integran la carpeta de investigación.
Habíamos solicitado una prórroga, toda vez que la capeta de investigación consta de 55 tomos y unas 60 mil fojas y fuimos notificados vía telefónica de que iniciarían el proceso de deportación para que el imputado nos sea entregado aquí, en la subdelegación de la PGR en Chetumal. Estamos en constante comunicación para cumplir trámites y requisitos, subrayó.
La funcionaria aclaró que la carpeta 151/2017 tiene un reclamo aproximado de 400 millones de pesos y, derivada de ésta, hay 12 órdenes de aprehensión libradas contra igual número de personas, incluido el ex gobernador Borge Angulo.
Asimismo, apuntó que, una vez cumplimentada la orden de aprehensión, hoy por hoy en la Fiscalía quedan por cumplir 20 alertas migratorias en distintas carpetas de investigación y 15 alertas rojas respecto a las fichas que se le han integrado y se han hecho del conocimiento de la Interpol, a efecto de poder cumplir los ordenamientos judiciales en las distintas carpetas de investigación.
Por otro lado, confirmó que, durante una audiencia ante el juez de Control, se determinó el sobreseimiento parcial de la carpeta de investigación contra Gabriel Mendicuti Loría, pues se determinó que su conducta queda exenta de responsabilidad penal.
No es una sentencia absolutoria, es un sobreseimiento parcial de la carpeta de investigación, puesto que datos de prueba indican que en las 27 asambleas de VIP-Saesa en la presuntamente participó, únicamente en un acta había una firma impuesta y, mediante análisis pericial grafoscópico, se determinó que fue impuesta por una persona distinta al imputado.
Independientemente de eso, el imputado aportó datos de prueba que servirán para reforzar los que hay dentro de la misma carpeta contra otros imputados. Su próxima comparecencia puede darse ante los jueces de control con la calidad de testigo, toda vez que se modificó su estatus jurídico, de imputado a testigo.
Asimismo, rechazó que los expedientes se estén cayendo y dijo que sólo se están ajustando y modificando las estrategias jurídicas para hacer pagar a quien tenga que hacerlo por las conductas cometidas.
En esa carpeta de investigación hay 12 imputados y nos hemos encontrado con diversidad de criterios de las autoridades federales que han ordenado liberar a personas, aunque hay criterios encontrados de Tribunales Colegiados que determinan que la conducta de esas personas es continuada en el tiempo, pese a que otras autoridades federales determinaron que fue un delito instantáneo que se cometió a la firma de los convenios. Este tipo de criterios determinan que al momento de la demanda el ejercicio de la acción penal había prescrito.
Cuando me nombraron fiscal Anticorrupción ya había hasta personas detenidas relacionadas con esta misma carpeta. En el año y 10 meses que llevo en el encargo nos hemos abocado a la defensa legal de esta carpeta de investigación y hay órdenes de investigación vigentes, personas imputadas que no han podido ser detenidas porque han ejercido una defensa activa, apuntó.
Insistió en que la carpeta la inició la Fiscalía General antes de que ella recibiera su nombramiento y en el año y 10 meses que llevan litigándola hay cuatro sentencias condenatorias dictadas en el Estado, tres mediante procedimientos abreviados.
Sin embargo, reconoció que se ha recuperado la mínima parte de lo que se ha reclamado en cuanto a los quebrantos. Hay 292 predios asegurados en las distintas investigaciones y sólo 29 tienen avalúo catastral por 202 millones 520 mil 532 pesos. Los demás tienen avalúo pendiente.
La mayoría de los ex funcionarios tienen una defensa muy activa. Hasta el 31 de diciembre teníamos más de 127 amparos y 341 carpetas de investigación contra 217 ex servidores públicos y más de 40 ordenamientos judiciales (órdenes de aprehensión). Derivado de las investigaciones, también tenemos 12 pesquisas contra empresas y particulares.
En el caso de Roberto Borge seguimos litigando para traerlo. El 4 de marzo tenemos audiencia en la Ciudad de México en la que se hará un estudio grafoscópico de una solicitud de amparo que presuntamente firmó cuando se hallaba fuera del país.
