Las iniciativas turnadas a comisiones el 10 de noviembre también plantean programas permanentes de salud mental y ocupacional para el personal del servicio público.
La consulta al registro de deudores tendría fines informativos y no impediría casarse. Otra propuesta busca aumentar las penas por amenazas contra participantes en procesos penales y personal escolar.
Chetumal, Quintana Roo, 10 de noviembre de 2026.— El Congreso de Quintana Roo turnó a comisiones un paquete de iniciativas sobre derechos familiares, salud mental laboral, sanciones por amenazas y actualización de las leyes que hacen referencia a la autoridad estatal anticorrupción. Las propuestas deberán ser analizadas antes de su eventual aprobación.
En materia familiar, el diputado Hugo Alday Nieto planteó que las personas oficiales del Registro Civil estén obligadas a consultar el portal del Registro de Deudores Alimentarios Morosos cuando reciban una solicitud de matrimonio.
La iniciativa precisa que esa consulta tendría un propósito informativo: fortalecer el consentimiento libre e informado de quienes desean casarse. La aparición de una persona en el registro no constituiría un impedimento legal para contraer matrimonio.
Por su parte, el diputado Rubén Carrillo Buenfil propuso reformar el artículo 49 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados. Su iniciativa busca convertir en una obligación legal la impartición de cursos y programas permanentes de información, orientación y atención en salud mental y ocupacional para el personal del servicio público.
El objetivo es que estas acciones tengan continuidad y no dependan de los cambios de administración.
La diputada Silvia Dzul Sánchez presentó una propuesta para adicionar disposiciones al artículo 123 del Código Penal estatal y aumentar hasta en una mitad la pena por amenazas en determinados supuestos.
Uno de ellos sería cuando las amenazas se dirijan contra jueces, fiscales, defensores, víctimas o testigos para obstaculizar o condicionar su participación en un procedimiento penal. También se plantea aplicar el aumento cuando estudiantes, tutores o familiares consanguíneos amenacen a personal docente, directivo o administrativo con motivo de sus funciones escolares.
El Congreso también recibió una iniciativa para sustituir las referencias a la antigua Secretaría de la Contraloría del Estado por la denominación Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en cuatro ordenamientos.
Los cambios abarcarían la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Presupuesto y Gasto Público y la Ley de Archivos del Estado. Según la propuesta, la actualización de nombres no modificaría las atribuciones sustantivas relacionadas con investigaciones administrativas, auditorías y coordinación de archivos.
