Playa del Carmen, Quintana Roo.— La Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, ejecutó una orden de cateo en un bar de Playa del Carmen, donde localizó a 11 mujeres, presuntas víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, además de detener a Yolanda Fiordalise “N”, señalada como encargada del establecimiento.
La diligencia fue autorizada por un Juez de Control, luego de las investigaciones realizadas por la Fiscalía, y se llevó a cabo en un establecimiento ubicado sobre la Carretera Federal, en este municipio.
De acuerdo con las indagatorias, en el lugar fueron ubicadas nueve mujeres mexicanas, una cubana y una colombiana, quienes presuntamente laboraban como meseras, además de realizar el llamado “fichaje” de copas con clientes y ofrecer servicios sexuales por 4 mil pesos, más mil pesos adicionales por el uso de la habitación.
Según la Fiscalía, el dinero era pagado directamente en la caja del establecimiento, donde el negocio retenía el 50 por ciento del pago. Asimismo, las investigaciones señalan que, en caso de negarse a realizar el trabajo, el hijo del propietario del bar presuntamente las agredía físicamente.
Durante el cateo, los agentes aseguraron preservativos, libretas con anotaciones, terminales electrónicas, un sistema DVR, además de diversas sustancias con características similares a narcóticos, entre ellas una sustancia granulada de color blanco, una sustancia cristalina y otra de color rosado.
En el operativo también fue detenida Yolanda Fiordalise “N”, quien además de ser señalada por su probable participación en el delito de trata de personas, tenía entre sus pertenencias bolsas con hierba seca y verde con características similares a la marihuana, así como fragmentos granulados.
Al concluir la diligencia, las autoridades colocaron los sellos de aseguramiento en el inmueble, el cual quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado.
Las 11 mujeres fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía para recibir atención y rendir su declaración, mientras que los indicios asegurados y la detenida quedaron a disposición del Ministerio Público, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación. Será un Juez quien determine la situación jurídica de la imputada.
