Cancún. – El tercer tribunal colegiado con sede en Cancún otorgó un amparo a Uber, permitiéndole operar en Quintana Roo sin necesidad de contar con una concesión estatal, tras considerar que los servicios que ofrece no encajan dentro de la definición de transporte público establecida en la Ley de Movilidad del estado.
Al resolver el juicio de amparo 530/2023-VII y su acumulado 802/2023, presentado en mayo de 2023, el tribunal declaró inconstitucional el artículo 148 del capítulo séptimo de la Ley de Movilidad y su reglamento. Este artículo obliga a plataformas digitales a obtener una concesión estatal para ofrecer transporte de pasajeros.
El juez destacó que los servicios contratados a través de plataformas como Uber son de índole privada, ya que no operan de manera regular, permanente ni continua, como lo establece la definición de transporte público en la Ley de Movilidad.
Desde 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también falló a favor de Uber, señalando que su servicio en municipios como Benito Juárez, Puerto Morelos y Leona Vicario es privado y, por lo tanto, no requiere concesión. No obstante, conflictos con taxistas locales han dificultado la operación de la plataforma en la región.
A pesar del fallo, choferes de sindicatos de taxistas han enfrentado a operadores de Uber, llegando a situaciones violentas. Ante esto, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) ha advertido sanciones, incluida la revocación de concesiones, para los taxistas involucrados en agresiones.
El fallo judicial abre la puerta para que Uber opere con mayor libertad en Quintana Roo, pero la implementación de esta decisión dependerá de las autoridades estatales y del manejo de tensiones con los sindicatos de taxistas. El caso pone en el centro del debate la modernización de las leyes de movilidad frente a los cambios tecnológicos y las nuevas demandas de transporte en el estado.
