Sentencian a 40 y 35 años de prisión a dos hombres por violación en Benito Juárez y Playa del Carmen

Benito Juárez, Quintana Roo.— La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que obtuvo sentencias condenatorias de 40 y 35 años de prisión contra dos hombres responsables del delito de violación, en hechos distintos ocurridos en los municipios de Benito Juárez y Playa del Carmen.

De acuerdo con la autoridad ministerial, las resoluciones fueron emitidas tras el desahogo de pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Sexuales y el Libre Desarrollo de la Personalidad.

Caso en Benito Juárez

En el municipio de Benito Juárez, Carlos Sánchez Santiago fue sentenciado a 40 años de prisión por hechos registrados en julio de 2023, en agravio de una menor de 11 años de edad.

Según la información oficial, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la Supermanzana 260 del fraccionamiento Ciudad Natura. Durante el proceso judicial, el Juez de Juicio Oral determinó la pena privativa de libertad, además de imponer una multa por 259 mil 350 pesos y el pago de 36 mil 744 pesos por concepto de reparación del daño, destinado a sesiones terapéuticas para la víctima.

Caso en Playa del Carmen

En un segundo proceso, Marco Antonio Carrillo Sabido fue condenado a 35 años de prisión por un delito ocurrido en 2021 en el municipio de Playa del Carmen, en agravio de un menor de cuatro años de edad.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron en diversas ocasiones en un establecimiento comercial del que el sentenciado era propietario. El juez impuso la pena correspondiente, así como una multa de 188 mil 202 pesos y el pago de la reparación del daño en su aspecto moral y material, cuyo monto será determinado conforme a lo establecido por la autoridad judicial.

Compromiso institucional

La Fiscalía General del Estado reiteró que continuará impulsando acciones legales en contra de quienes resulten responsables de delitos sexuales, con el objetivo de garantizar justicia a las víctimas y fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.

Las personas sentenciadas permanecerán privadas de la libertad conforme a lo determinado por la autoridad judicial.

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