El Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico publica, a 40 días de culminar su labor, un documento con 200 testimonios en el que se constata que las violaciones a los derechos humanos y la impunidad fueron las armas que el Estado utilizó contra sus opositores entre 1965 y 1990.
La doctrina basada en “la eliminación del enemigo interno”, acuñada a finales de los sesenta y principios de los setenta, es un antecedente fundamental “de la política de seguridad que desató la actual crisis de violencia generalizada en el país”, en tanto que “las violaciones a los derechos humanos fueron utilizadas como arma para la desmovilización política”, considera el Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico (MEH) a casi 40 días de concluir su mandato.
Nacido del decreto presidencial de octubre de 2021, como parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, el MEH publica en “Resistir al olvido. Los Diálogos por la Verdad”, cerca de 200 de testimonios públicos de víctimas sobrevivientes y familiares de personas desaparecidas, que ponen al descubierto heridas que siguen abiertas en la sociedad mexicana.
Al sostener que las violaciones a los derechos humanos formaron parte de una estrategia de control social y político, el reporte destaca que los agravios permanecen en la impunidad hasta ahora, “ninguna de las 199 víctimas participantes de los diálogos han obtenido justicia”, sin contar con que en su momento “todas las víctimas habían sido descalificadas como tales”.
Entre las consideraciones que hace el MEH al término de su investigación sobre hechos ocurridos en el periodo señalado, resalta que “por más de tres décadas operó la doctrina de seguridad articulada sobre la noción del ‘enemigo interno’ en nuestro país”, que durante los años sesenta y setenta se le identificó no sólo con los movimientos guerrilleros, sino que fue ampliándose el espectro hasta incluirse a la delincuencia organizada.
A pesar de sus variaciones temporales, la política de eliminación del enemigo interno supuso la implementación de estrategias como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura, tortura sexual, desaparición forzada y masacres.
Así lo explica el documento previo a la presentación de una parte del informe final de la Comisión para el Acceso a la Verdad, que concluye su mandato el próximo 30 de septiembre.
El método
“Entre 1965 y 1990, en nuestro país las violaciones a los derechos humanos fueron utilizadas como arma para la desmovilización política”, concluye el MEH en su informe “Resistir al olvido. Los Diálogos por la Verdad”.
Como parte del “enemigo interno” fueron tratados por el régimen encabezado por el PRI “partidos de oposición, al movimiento estudiantil, sindicatos y movimientos populares de municipios que cuestionaron el régimen político antidemocrático sostenido por un partido único y protector de caciques locales”, señala el documento.
De acuerdo con los testimonios y documentación obtenida por el MEH, también formaron parte del “enemigo de la nación” organizaciones sociales, campesinas e indígenas que rechazaban su incorporación al PRI, o bien “reclamaron afectaciones por el desarrollo de políticas y proyectos económicos”, además de que “se atentó en contra de las comunidades eclesiales de base y organizaciones de derechos humanos conformadas por víctimas y sus redes solidarias”.
Testimonios de víctimas
El documento, que incluye extractos de los testimonios expuestos en los Diálogos por la Verdad, refiere que a partir de la década de 1980, para el Estado mexicano “la noción de enemigo interno se amplió hacia la delincuencia organizada”, justificando así “el mantenimiento y uso del aparato contrainsurgente en campañas para la eliminación del narcotráfico, afectando de manera directa a las poblaciones y habitantes de los territorios de producción y trasiego de drogas, así como a periodistas de las zonas”.
“Resistir al olvido” condensa las voces de personas que acudieron al llamado del MEH para participar en las ocho rondas, llevadas a cabo de diciembre de 2022 a febrero de 2024, en Guerrero (en Chilpancingo y Atoyac), Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Nuevo León.
En vísperas de que se presente de manera pública una parte del informe de la Comisión de la Verdad, que reúne cientos de abusos cometidos durante el periodo del mandato, el documento “Los Diálogos por la Verdad” resume sólo los testimonios que se dieron a conocer en los diálogos, todos relacionados con violaciones graves a derechos humanos.
De las casi 200 personas que decidieron participar abiertamente en los eventos, 44 narraron hechos relacionados con detención arbitraria, tortura y desaparición forzada transitoria; 33 de ocupación militar del territorio y desaparición forzada; 40 de desaparición forzada y desaparición forzada; 19 de ejecución extrajudicial; 12 casos de detención arbitraria y tortura sexual; 15 de ocupación militar y ejecución extrajudicial; 10 desplazamientos forzados; 9 casos de ocupación militar del territorio, detención arbitraria y tortura, y siete masacres.
De los testimonios, el MEH enlista los nombres de víctimas considerando el lugar y año de los hechos, así como las autoridades presuntamente responsables. Del total de nombres obtenidos en los diálogos, 97 corresponden a desaparición forzada, 96 a casos de tortura y 62 casos de ejecuciones extrajudiciales.
Durante los conversatorios surgieron 27 nombres de presuntos perpetradores, que formaban parte tanto de Fuerzas Armadas como de miembros de corporaciones policiacas y de procuración de justicia, así como autoridades civiles de los tres niveles de gobierno.
Algunos perpetradores han sido públicamente conocidos, como militares de alto rango, como Mario Arturo Acosta Chaparro; funcionarios de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) como Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar Haro; titulares de la extinta Procuraduría General de la República (PGR como Pedro Ojeda Paullada, así como de procuradurías estatales; de igual manera agentes federales, como Florentino Ventura Gutiérrez, así como de agentes policiales estatales; de la misma manera aparecen gobernadores como Rubén Figueroa Figueroa, así como presidentes municipales.
Integrado por los comisionados ciudadanos Eugenia Allier Montaño, Abel Barrera Hernández, Carlos A. Pérez Ricart y David Fernández Dávalos, el MEH sostiene en su informe sobre los Diálogos por la Verdad que “permitieron constatar que la reconstrucción de historias locales es factor clave en la elaboración de una memoria colectiva que permita explicar y entender mejor todo lo vivido, lo cual, resulta especialmente importante para las nuevas generaciones, quienes no sufrieron directamente, pero que cotidianamente enfrentan las secuelas de una violencia mal procesada”.
“Resistir al olvido” forma parte de una serie de documentos surgidos como parte de la investigación realizada por los cuatro comisionados y sus equipos de investigadores, para responder a exigencias de verdad, justicia y reparación, de cientos de sobrevivientes y familiares de víctimas de graves violaciones a derechos humanos ocurridos entre 1965 y 1990.
El documento reconoce a quienes respondieron al llamado de compartir sus testimonios “con la esperanza de que sus historias sean difundidas, que se conozcan para invocar a la solidaridad expresada en hacer propio el deseo de justicia, de que nunca más, nadie más enfrente el terror de la impunidad y la violencia del Estado”.
Con información de Proceso
