Chetumal, Q. Roo, 29 de marzo 2018.- Las autoridades de Quintana Roo podrían durar hasta cinco años en los tribunales tratando de recuperar el patrimonio estatal que fue saqueado en la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo, reconoció Manuel Palacios Herrera, titular de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo).
El Auditor del estado explicó que a la fecha hay 32 expedientes contra 93 ex funcionarios borgistas, quienes no pudieron comprobar el gasto de 824 millones de pesos.
Por ley, explica, los ex servidores públicos denunciados están obligados a resarcir el daño patrimonial devolviendo los recursos públicos.
Los 93 ex funcionarios también enfrentan procedimientos de inhabilitación para impedir que se desempeñen en algún cargo público.
Desde el inicio del gobierno de Carlos Joaquín, la Auditoría Superior presentó los resultados de las cuentas públicas y se identificaron los posibles desvíos de recursos públicos, se presentaron observaciones a los posibles responsables y como garantía de audiencia se les otorgó un plazo de 30 días para que pudieran explicar o comprobar el gasto.
La mayoría de los ex servidores no se presentaron a dar respuesta a los señalamientos y tampoco presentaron o enviaron documentación o facturas para comprobar que sí se ejercieron debidamente los recursos, se construyeron obras y ejecutaron programas sociales.
La Auditoría entonces dio parte a la Fiscalía General del Estado (FGE) de los presuntos delitos, la cual a su vez inició los juicios correspondientes ante el Poder Judicial del estado.
Los probables responsables de las anomalías, haciendo valer sus derechos, han promovido recursos legales ante el Poder Judicial para ganar tiempo o retrasar los juicios.
Palacios Herrera explicó que aun cuando se presuma que han cometido delitos patrimoniales, los ciudadanos tienen la garantía individual de presentar sus recursos legales en contra de la ejecución de los procedimientos, y los abogados de éstos despliegan sus estrategias tratando de determinar, alentar o alargar, los tiempos de los juicios.
“Están identificados en la Constitución Política de Quintana Roo los derechos de las personas que no se pueden vulnerar, aun como ex funcionarios y aun cuando entran a un proceso resarcitorio, el tiempo no está determinado, pero en el esquema teórico estamos hablando de que estos juicios o procedimientos pueden durar hasta cinco años para poder ser concluidos”, advirtió el Auditor.
Y a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción realiza las diligencias necesarias ante el Poder Judicial, en la ley el tema de los juicios orales también señala que debe respetarse la presunción de inocencia de los ex funcionarios, hasta que no se demuestre lo contrario.
De manera paralela, ante el Tribunal de Justicia Administrativa se promueven los procedimientos necesarios para lograr la inhabilitación de los presuntos malos servidores para que no puedan ocupar cargos públicos, de resultar responsables.
Detalló que la ley señala que las autoridades tienen hasta cinco años para poder ejecutar el procedimiento de inhabilitación, sin que prescriban las responsabilidades cometidas. (Información: Luces del Siglo / Fotografías: Luces del Siglo)
