El Gobierno de México publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) dos leyes secundarias derivadas de la reforma al Poder Judicial. Se trata de la nueva Ley de Carrera Judicial y las modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con las que se busca fortalecer la regulación y la rendición de cuentas en el sistema judicial.
La Ley de Carrera Judicial establece los lineamientos para la evaluación, permanencia, promoción, organización y participación del personal del Poder Judicial de la Federación, siguiendo los principios constitucionales de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. Asimismo, garantiza el respeto a los derechos laborales del personal que actualmente desempeña funciones en el Poder Judicial federal.
Entre los aspectos destacados de esta ley, se precisa que los funcionarios deberán contar con un perfil que integre capacidades y cualidades personales para responder de manera adecuada a las exigencias de justicia. También se establecen requisitos específicos que deberán cumplir quienes aspiren a ocupar cargos en el sistema judicial.
Por otro lado, las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas buscan armonizar las disposiciones legales con la reforma constitucional en materia de responsabilidades de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación.
En este sentido, se otorgan nuevas atribuciones al Tribunal de Disciplina Judicial, el cual podrá investigar e imponer sanciones por faltas administrativas cometidas por servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, los Tribunales de Disciplina Judicial de las entidades federativas y de la Ciudad de México tendrán la facultad de sancionar a servidores públicos de los poderes judiciales locales.
Además, la ley considera como falta administrativa no grave la inobservancia del Código de Ética y los Códigos de Conducta, instrumentos que establecen principios, valores y normas de integridad para que los servidores públicos actúen en beneficio de la sociedad.
Con estas disposiciones, el Gobierno de México busca fortalecer el funcionamiento del Poder Judicial y garantizar una mayor transparencia, profesionalismo y rendición de cuentas en sus actividades.
