Cozumel. – Empresarios, trabajadores y miembros de la comunidad en Cozumel realizaron una manifestación pacífica este lunes, expresando su rechazo al impuesto de 42 dólares que el gobierno federal planea imponer a los cruceristas a partir del 1 de enero de 2025. Los manifestantes solicitaron que la medida se posponga hasta 2026, argumentando que esto permitiría reestructurar tarifas y evitar que las navieras modifiquen sus rutas, afectando la economía local
Eliot Reyes, empresario local, destacó que la protesta busca una mediación adecuada para evitar daños al turismo en la isla. “Esta marcha es para expresar nuestra inconformidad y llegar a un acuerdo que no afecte el turismo en Cozumel”, señaló.
José Julio Azcorra, presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios en Cozumel y representante de COPARMEX, hizo hincapié en la necesidad de un enfoque equilibrado. “Es urgente encontrar alternativas que permitan que esta medida no impacte de manera abrupta a la economía local”, afirmó.
Lenin Ernesto González, presidente de Uniper, expresó su preocupación sobre las posibles consecuencias de esta medida en la industria turística. “Este impuesto podría desincentivar la llegada de cruceros, y eso sería devastador para nuestra economía”, advirtió.
La manifestación reunió a sindicatos y empresarios de sectores como transporte turístico, arrendadoras de vehículos, clubes de playa y operadores de tours, quienes enfatizaron que el turismo de cruceros es uno de los principales pilares económicos de Cozumel.
Los participantes instaron al gobierno federal a reconsiderar la implementación del impuesto en 2025 y abrir un diálogo inclusivo con todos los sectores involucrados. Argumentaron que el turismo es la fuente de ingresos de miles de familias cozumeleñas y cualquier medida que lo afecte debe ser evaluada con cuidado.
La comunidad espera que sus demandas sean escuchadas para proteger el desarrollo económico y la estabilidad de la isla.
