Chetumal, Quintana Roo a 26 de febrero de 2020.- El diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, presentó una iniciativa que propone elevar hasta 50 años de prisión y la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos a aquellos funcionarios que, aprovechándose de su puesto, cometan delitos sexuales.
La iniciativa propone reformar los artículos 128 y 129 del Código Penal del Estado de Quintana Roo, “considerar como un agravante para sentenciar al responsable de los delitos de abuso sexual o violación, el hecho de ser servidor público y aprovecharse del cargo para cometer esos delitos”.
La iniciativa fue presentada ante Oficialía de Partes del Congreso del Estado, para ser turnada al pleno y a las comisiones correspondientes para su análisis y posterior dictamen.
Edgar Gasca, recordó que en Isla Mujeres, se denunció el caso de Ema, una joven con discapacidad que fue violada por un servidor público, “fue abusada por su propio terapeuta, lo que me motivó para presentar esta iniciativa”, destacó.
Esta iniciativa propone que aquel servidor o empleado público, que se aproveche de su cargo o comisión oficial, para cometer actos de abuso o violación sexual, reciba una pena de prisión de veinticinco a cincuenta años, de mil quinientos a tres mil días de multa, además de ser inhabilitado para ejercer cualquier otro cargo público por lo menos 10 años o incluso de manera permanente.
Durante la sesión ordinaria número 5, el presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Decimosexta Legislatura, hizo uso de la máxima tribuna del estado para expresar que las autoridades, servidores públicos y sociedad civil organizada, “no podemos seguir apáticos a los casos de abuso y violencia que a diario conocemos”.
Agregó que no basta con respaldar las protestas y manifestaciones en contra de la violencia, “también estamos obligados a emprender acciones legislativas que permitan erradicar este tipo de abusos”.
Edgar Gasca, señaló que “ningún médico, juez, enfermera, maestro o maestra, terapeuta, policía, en fin, ningún servidor público, debería representar una amenaza, sin embargo, hay niñas y niños, mujeres y hombres, personas con discapacidad que han vivido y sobrevivido a sus abusos, no debemos permitirlo”, concluyó.
