Playa del Carmen. – El servicio de mototaxis en Playa del Carmen ha generado creciente preocupación debido a problemas de seguridad, según señaló Adriana Martínez, consultora en materia urbana y de movilidad. Basada en estudios recientes, Martínez afirmó que los mototaxis representan un riesgo significativo para los pasajeros, principalmente por las altas velocidades que alcanzan en avenidas de primer y segundo nivel.
Martínez recordó que el sistema de mototaxis surgió originalmente como una opción de autoempleo para los operadores, facilitando el traslado de pasajeros desde vías terciarias hasta puntos donde pudieran acceder al transporte público convencional. Sin embargo, denunció que este sistema ha sido desvirtuado por la ambición de algunos operadores que han adquirido múltiples unidades para operar en rutas más extensas y por la influencia de los sindicatos, que han transformado el objetivo original del servicio.
“Lo que no dice la Ley está permitido; eso provocó la proliferación de unidades y abusos, porque no está realmente regulado que transiten por las avenidas de primer o segundo nivel. Entonces, como vas en una moto a altas velocidades, quedas muy vulnerable”, explicó Martínez.
Por su parte, Guillermo Galland Guerrero, director de transporte en Solidaridad, reconoció las irregularidades en la operación de los mototaxis, especialmente en cuanto a su circulación fuera de los polígonos autorizados. No obstante, Galland Guerrero subrayó la complejidad de abordar este problema, ya que, por ley, el control de los mototaxis recae en el Instituto de Movilidad de Quintana Roo.
El director también destacó que, a pesar de que los mototaxis frecuentemente violan las normativas establecidas, su área no tiene la autoridad para imponer multas o regular el tabulador de precios, que en algunos casos supera incluso las tarifas de los taxis convencionales.
Esta situación plantea un desafío para las autoridades locales, quienes, aunque están al tanto de las irregularidades y los riesgos asociados al servicio de mototaxis, se encuentran limitadas por la falta de jurisdicción para regularizar o sancionar estas prácticas. Mientras tanto, los usuarios continúan expuestos a un servicio que, según expertos, se está volviendo cada vez más peligroso.
