Las inversiones en subsidios ejercidos por la Comisión Nacional Forestal en los últimos seis años ascienden a 35 mil millones de pesos, más que en cualquier otra administración federal
Cancún, Q. Roo, 18 de diciembre 2018.— Ante un escenario de recortes presupuestales para 2019 en el sector ambiental, particularmente en la Comisión Nacional Forestal (Conafor), será fundamental invertir en bienes públicos y no en asignaciones directas que sólo generan dependencia de apoyos entre los posesionarios de los predios forestales, señaló el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
A pesar de las inversiones, esos recursos no reactivaron al sector ni redujeron la deforestación y degradación de los bosques y selvas del país.
Más que un tema de recursos, el Consejo Civil consideró que el sector forestal requiere un cambio de enfoque en el que se privilegie el desarrollo de las capacidades productivas; el desarrollo de mercados e inversiones en bienes públicos, como investigación y desarrollo y la transferencia de tecnología para que los productores forestales, especialmente las empresas forestales comunitarias, avancen en el control de sus procesos productivos y mejoren sus condiciones de vida.
La organización de la sociedad civil sugiere que la Conafor sea más que una “ventanilla para la entrega de apoyos y se convierta en una Comisión que dé acompañamiento al fortalecimiento de las capacidades productivas sostenibles de los productores forestales”.
De acuerdo con Subsidios forestales sin rumbo. Apuntes para una política en favor de las comunidades y sus bosques, estudio realizado por la organización, en el que se hace una revisión de los subsidios ejercidos por la Conafor en el periodo 2010-2017, “la principal respuesta de Conafor hacia la multiplicidad de problemas que enfrentan los territorios forestales ha estado ampliamente sesgada a distribuir subsidios ineficaces, enfocados prioritariamente a la conservación pasiva y sin el acompañamiento de acciones efectivas que atiendan el complejo mosaico de variables sociales, ambientales, normativas, técnicas, políticas y comerciales que repercuten en el desarrollo forestal sustentable”.
A pesar de que la Conafor destinó 46% de los recursos ejercidos en 2010-2017 a actividades de reforestación, restauración y conservación y 26% al Programa de Pago por Servicios Ambientales, no redujo la tasa de deforestación en el país, pues de acuerdo con datos de la organización internacional, Global Forest Watch, en 2012 se perdieron 160 mil hectáreas de superficie arbolada y en 2017 fueron 299 mil hectáreas.
Para hacer frente a un recorte presupuestal y propiciar la reactivación productiva sostenible y así garantizar la conservación activa de los bosques y selvas del país, propuso “reducir la compleja y costosa carga regulatoria para realizar actividades forestales”, pues la gran cantidad de trámites y gestiones ante las distintas dependencias del sector ambiental genera altos costos económicos y sociales para los productores forestales.
Además, “la aplicación del marco normativo es discrecional por parte de autoridades y eso desalienta ampliamente las iniciativas productivas y los procesos de apropiación y control comunitario sobre la gestión forestal”, detalló el Consejo Civil.
“En este nuevo contexto es tiempo de redirigir los esfuerzos de la Conafor y transitar de un enfoque asistencial centrado en el reparto de subsidios a una nueva política que impulse acciones enfocadas al desarrollo integral de las regiones forestales, que empodere a las comunidades y fortalezca sus capacidades para la gestión colectiva y sustentable de sus territorios y les permita mejorar sus condiciones de vida”, afirmó Sergio Madrid, director del Consejo Civil. (Infoqroo)
