Ciudad de México.- Cuando nuestros derechos y libertades peligran, quedarse en casa no es opción. Por eso tomamos las calles el pasado 13 de noviembre en una festiva y rosada marcha ciudadana que desbordó Reforma y tuvo réplicas en más de 60 ciudades del país.
Con esa tremenda fuerza desplegada logramos reunificar a la oposición y evitar la reforma constitucional que sepultaría al INE. Pero en revancha aprobaron un Plan B que destaza al instituto con cambios legislativos hechos al vapor en total desaseo y sin el consenso de las demás fuerzas políticas, violando flagrantemente la Constitución y comprometiendo seriamente nuestro derecho al voto, así como la certeza en las elecciones federales, estatales y municipales en 2024.
En lugar de aprovechar la oportunidad de diálogo y reconciliación que abrieron los ciudadanos, el presidente optó por aferrarse y no escuchar. Tomó la marcha como afrenta personal y usó el aparato de Estado para demostrar que él podía movilizar a más personas, mediante el despilfarro de recursos públicos. Ante la imposibilidad de modificar la Carta Magna, pasó sobre ella con la legislación secundaria, pensando que puede conseguir los cuatro votos que necesita en la Corte para impedir su invalidez.
La democracia nos iguala y el voto de cada ciudadano vale lo mismo. Por eso queremos que cada sufragio cuente y se cuente bien, con independencia de su sentido, tal y como sucede desde que al entonces IFE se le dotara de autonomía. Tal logro no fue una concesión del poder, sino una conquista ciudadana que hoy estamos defendiendo.
Está en riesgo el derecho de elegir a nuestros gobernantes y representantes en elecciones transparentes, equitativas y confiables. De aplicarse el Plan B, el INE no podría cumplir sus obligaciones con oportunidad, eficiencia y profesionalismo.
Más de seis mil servidores electorales perderían su trabajo: aquellos que actualizan el padrón y expiden la credencial de elector; los que encuentran dónde ubicar las casillas, contactan a los funcionarios y los capacitan; quienes transportan la papelería electoral y hacen llegar los paquetes a su destino de ida y vuelta; los que realizan los conteos rápidos, procesan las impugnaciones, fiscalizan en el terreno el cumplimiento de la ley y de los topes de gastos de campaña; y otros que llevan a cabo actividades igualmente importantes.
Ellos serían sustituidos en cada elección por un número bastante menor de trabajadores eventuales, cuya imparcialidad y profesionalismo no podría garantizarse, teniendo que realizar, en condiciones precarias, más tareas en menos tiempo. Improvisar de esa manera en la elección presidencial y sus concurrentes, favoreciendo además la inequidad por la participación de funcionarios públicos en las campañas, sería una tremenda irresponsabilidad que daría pie al desconocimiento de resultados, así como al retorno de trampas que se pensaban superadas, lo que echaría por la borda décadas de desarrollo democrático y comprometería la estabilidad del país.
Para evitar ese despropósito nos hemos vuelto a convocar, ahora para manifestarlo en el Zócalo de la Ciudad de México y en decenas de plazas a lo largo y ancho de la república, el próximo 26 de febrero. Sabemos que la batalla no terminará ahí, para defender cada voto y vencer la obcecación del poderoso nos tenemos que organizar local y nacionalmente para coordinar acciones, informar a la población y potenciar el movimiento. Nadie hará lo que dejemos de hacer. Es tiempo de los ciudadanos y el futuro será promisorio para todos si nos atrevemos a tomarlo en nuestros manos.
Y eso es precisamente lo que haremos, actuando siempre de manera pacífica, reivindicando los más altos valores cívicos con alegría y tolerancia, convocando a más mexicanos a sumarse a esta plural e incluyente irrupción ciudadana para preservar y profundizar la democracia y las libertades, así como para hacer prevalecer la Constitución. Unidos somos invencibles. (Fuente: Comunicado)
