Managua, Nicaragua, 21 de Julio 2018.- La Policía de Nicaragua expulsó hoy del portón de una de sus sedes a decenas de madres que preguntaban por sus hijos, que fueron arrestados o desaparecieron durante manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega, que han dejado entre 277 y 351 muertos en tres meses.
Al menos una treintena de madres fueron acechadas y expulsadas por cientos de agentes que las rodearon, desde esta madrugada, frente a las oficinas policiales conocidas como ‘El Chipote’, donde se encuentran cárceles de tortura, según organismos humanitarios.
Policías y grupos de choque comenzaron a ir al Chipote en patrullas, entonces las madres y familiares comenzaron a evacuar a pie, para evitar que les hicieran daño”, confirmó la líder opositora Ana Margarita Vigil.
Las madres inicialmente fueron apoyadas por personas que las trasladaron a un lugar seguro, pero inmediatamente la Policía obstruyó el paso a la ayuda, afirmó Vigil.
Al final las últimas madres que quedaron rodeadas, cuya cantidad no fue especificada, salieron a pie de la zona militarizada, según la fuente.
El colmo de la crueldad, la Policía está expulsando a las madres que ruegan por sus familiares en ‘El Chipote'”, señaló el excomandante de la revolución nicaragüense, exministro de Economía y disidente sandinista, Luis Carrión, en sus redes sociales.
La expulsión ocurrió horas antes de una manifestación anunciada por el Gobierno, para “exigir justicia” contra los reos.
Las madres y familiares de los detenidos ahora se encuentran refugiadas en la catedral metropolitana de Managua, en el centro de la ciudad, a pocos minutos de “El Chipote”.
La calle que daba a la cárcel se mantenía ocupada de manera constante desde abril pasado, por madres y familiares que preguntaban por sus hijos, o les llevaban alimentos una vez que sabían que estaban arrestados.
Debido a la casi nula información sobre los capturados, un promedio de entre 25 y 50 madres permanecían frente a ‘El Chipote’ cada día, para saber de sus hijos.
En el lugar confluían familiares de reos, asesores legales, defensores de derechos humanos, médicos, así como personas que brindaban alimentos y ofrecían colchones para que las madres no durmieran sobre el asfalto.
La directora Jurídica de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Karla Sequeira, pidió al Gobierno “que deje esta forma de intimidación contra los familiares que únicamente piden la libertad de los detenidos, ellos no están protestando, están pidiendo por sus hijos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega por graves violaciones de los derechos humanos.
La CIDH ha denunciado asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país, lo que el Gobierno de Nicaragua rechaza.
Nicaragua está sumergida en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
