Por Victor Hugo Vargas
La empresa concesionaria PlayaParq volvió a colocarse en el centro de la polémica tras responder con mofas, sarcasmo y emojis a reclamos ciudadanos en redes sociales, mientras presume el uso de “arañas” para inmovilizar vehículos, aun cuando existen señalamientos reiterados de irregularidades en la aplicación del servicio.
Lejos de asumir una postura institucional —acorde a su carácter de representante de la autoridad municipal— la empresa optó por ridiculizar comentarios y normalizar prácticas que usuarios denuncian como abusivas, entre ellas inmovilizar autos antes de que concluya el tiempo contratado o hacerlo sin notificación clara. Las capturas difundidas muestran respuestas que minimizan el reclamo y desplazan la responsabilidad al ciudadano, en vez de explicar procedimientos, corregir fallas o abrir canales formales de atención.
El problema no es el humor: es la falta de seriedad frente a un servicio público concesionado que impacta a miles de conductores. Cuando una empresa actúa en nombre del municipio, no administra “likes”, administra confianza pública. Y esa confianza se erosiona cuando el concesionario se ríe del usuario en lugar de garantizar legalidad, proporcionalidad y debido proceso en cada inmovilización.
Más grave aún resulta el regodeo por colocar arañas como símbolo de “eficiencia”, mientras persisten quejas por falta de señalización suficiente, criterios discrecionales y ausencia de supervisión visible. La concesión no otorga patente de corso para sancionar; obliga a cumplir reglas claras, verificables y auditables, especialmente cuando se trata de restringir derechos como el uso del espacio público y la movilidad urbana.
En este contexto, el Ayuntamiento de Playa del Carmen no puede permanecer al margen. No basta con recaudar: hay que vigilar. La autoridad municipal tiene la obligación de supervisar el actuar de su concesionario y exigirle un comportamiento acorde a la responsabilidad que se le delegó.
Si PlayaParq representa a la autoridad, debe comportarse como autoridad: informar, corregir, transparentar y respetar al ciudadano. De lo contrario, el mensaje que se envía es peligroso: que la burla sustituye a la legalidad y que el poder sancionador puede ejercerse con emojis en lugar de reglas.
