Cancún. – Wilfrido Orozco Pizano, quien enfrenta una demanda por parte de su exesposa desde el 2020, denunció que es acosado por el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para encarcelarlo, en contubernio con dos magistradas que han demorado intencionalmente los acuerdos de las diligencias.
En conferencia de prensa, el padre de familia indicó que los acuerdos entre jueces de primera y segunda instancia lo tienen a un paso de la cárcel, debido a los supuestos actos de corrupción por parte de la magistrada Mariana Dávila Goerner y la juez Pilar Aldana Lizama.
El quejoso señaló que a pesar de que ha intentado exponer su caso ante Heyden Cebada, titular del Poder Judicial, no ha sido posible entrevistarse con él, por lo que, hasta el momento, el juicio le ha generado el embargo de dos propiedades y un vehículo, además de tener que pagar una manutención de un millón 189 mil pesos para su hijo, a pesar de que ya era mayor de edad cuando se divorció.
Orozco Pizano explicó que su exesposa, María Guadalupe Rodríguez Reyes, con quien no convivía desde el 7 de agosto del 2011, lo acusa de violencia económica, violencia patrimonial y violencia sexual, para lo cual, asegura él, ha utilizado testigos con documentos falsos.
“Están en contubernio para que no se acabe este juicio, para que yo esté incriminado en un proceso penal y ralentizar el juicio para crear deuda”, expresó.
Señaló que desde el 25 de octubre del 2011 comenzó su “calvario” que hasta la fecha lo mantiene en los juzgados de lo familiar, donde la juez se auto facultó, invadiendo la jurisdicción para seguir concediendo guarda, custodia y alimentos.
Acusó que en contubernio con notificadores, actuarios, proyectistas y bufetes de abogados escondieron acuerdos para acrecentar la deuda y, promover acciones que lo lleven finalmente a la cárcel.
Asimismo, acusó a la Fiscalía de fabricarle delitos por violencia familiar para judicializar la carpeta, por lo cual ya presentó una queja ante Derechos Humanos, así como ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de las magistradas por permitir que una persona testificara con documentos falsos, además de negligencia en el desempeño de sus funciones.
“Hay línea para que esté en la cárcel y no me pueda mover y hacerles frente a todos estos atropellos jurídicos”, expresó.
