Operativos visibles no bastan si no se combate la corrupción interna y las redes criminales enquistadas en la Zona Sur de Quintana Roo; se requiere un auténtico “operativo enjambre”, pero no entendido solo como despliegue territorial, sino como intervención quirúrgica institucional. Un mecanismo que corte desde dentro, desde la raíz, la presencia del crimen organizado en la región.
En los últimos días se ha difundido información oficial sobre la puesta en marcha de un Operativo Interinstitucional para garantizar la paz y tranquilidad en la Zona Sur de Quintana Roo, particularmente en la comunidad de Limones, municipio de Bacalar. El despliegue incluyó la participación coordinada de la Policía Estatal, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado, bajo el argumento de reforzar la vigilancia, la prevención y la disuasión del delito.
En el comunicado institucional se subraya que prevalece un ambiente de tranquilidad y que las actividades cotidianas se desarrollan con normalidad. Se habla de recorridos, cercanía con la población, escucha activa y fortalecimiento de la presencia de las fuerzas del orden. Sobre el papel, la narrativa es impecable: coordinación, compromiso y proximidad social.
El problema es que la realidad en la Zona Sur —y también en Cancún— es mucho más compleja que un despliegue de retenes y patrullajes.
La presencia de células criminales en esta región no es un fenómeno reciente. No nació ayer ni es producto de un hecho aislado. Viene gestándose desde hace por lo menos un lustro. Durante cinco años o más se ha documentado la disputa territorial, el trasiego, el narcomenudeo, la extorsión y la infiltración de estructuras locales. Pretender que la instalación de filtros carreteros o rondines visibles revertirá esa inercia es, en términos prácticos, querer tapar el sol con un dedo.
Los retenes pueden servir para generar percepción de control. Pueden inhibir momentáneamente ciertos movimientos. Pero no desmontan redes financieras, no rompen cadenas de mando y, sobre todo, no tocan el núcleo del problema: la corrupción interna.
Porque si algo ha permitido la permanencia y expansión del crimen organizado en la Zona Sur es la infiltración progresiva en corporaciones y áreas estratégicas de seguridad. Sin inteligencia profunda, sin investigación patrimonial, sin control de confianza real y permanente, cualquier operativo se convierte en un ejercicio de contención superficial.
No se trata de descalificar la presencia de fuerzas federales o estatales. Su participación es necesaria. Lo que resulta cuestionable es la ausencia de un componente estructural: inteligencia financiera, análisis de vínculos, depuración institucional y combate frontal a la corrupción dentro de las dependencias encargadas de garantizar la seguridad.
Cuando un grupo criminal opera durante años en una región, no lo hace en el vacío. Lo hace porque hay protección, omisión o complicidad. Y eso no se desactiva con convoyes ni con comunicados optimistas.
La comunidad de Limones puede hoy lucir en calma. Las actividades pueden desarrollarse con aparente normalidad. Pero la historia reciente de Quintana Roo demuestra que la violencia no desaparece: se repliega, se reorganiza y reaparece cuando las condiciones lo permiten.
En Cancún, por ejemplo, la presencia criminal tampoco es nueva. Se ha transformado, ha cambiado de nombres y liderazgos, pero mantiene patrones: control territorial, disputas internas y capacidad de infiltración. La Zona Sur no está aislada de esa dinámica; forma parte del mismo corredor estratégico.
Por eso urge un replanteamiento de fondo.
No basta con reforzar la presencia de las fuerzas del orden. No basta con escuchar peticiones ciudadanas si no se actúa sobre las estructuras que permiten la filtración de información, la protección indebida o la manipulación de operativos.
Se requiere un auténtico “operativo enjambre”, pero no entendido solo como despliegue territorial, sino como intervención quirúrgica institucional. Un mecanismo que corte desde dentro, desde la raíz, la presencia del crimen organizado en la región.
Eso implica auditorías internas, revisión de patrimonios, análisis de comunicaciones, rotación estratégica de mandos, colaboración estrecha con instancias federales de inteligencia y, sobre todo, voluntad política para asumir que el problema no está únicamente afuera, sino también puertas adentro.
La experiencia nacional demuestra que cuando no se limpian las corporaciones, cualquier esfuerzo operativo termina erosionado. La corrupción no solo debilita la estrategia; la sabotea.
El discurso oficial habla de garantizar la seguridad de las familias y brindar certeza a la población. Esa certeza no se construye únicamente con presencia armada. Se construye con instituciones confiables. Con mandos que no estén bajo sospecha. Con ministerios públicos que no filtren información. Con policías que no trabajen para dos bandos.
Si la estrategia se limita a recorridos, retenes y proximidad social, el resultado será temporal. El crimen organizado sabe adaptarse. Tiene recursos, redes y paciencia.
La pregunta de fondo es si las autoridades estatales y federales están dispuestas a ir más allá del despliegue visible y enfrentar la parte incómoda del problema: la corrupción interna.
La Zona Sur de Quintana Roo es estratégica por su ubicación, por su conectividad y por su potencial económico. Justamente por eso ha sido atractiva para estructuras criminales. La respuesta debe estar a la altura de esa complejidad.
Hoy más que nunca, la intervención federal no puede limitarse al acompañamiento operativo. Se necesita inteligencia robusta, coordinación real y un golpe estructural que desarticule las redes desde adentro.
De lo contrario, los retenes seguirán siendo una fotografía momentánea de control en una película que ya lleva varios años proyectándose.
Y mientras no se corte de raíz la infiltración y la corrupción, cualquier operativo será apenas una pausa, no una solución.
