Por Alejandro Vargas
En Quintana Roo parece repetirse una escena que ya resulta tan preocupante como absurda: las autoridades municipales dicen no saber nada, mientras las fuerzas federales encuentran verdaderos arsenales en sus propios territorios.
Esta semana quedó al descubierto un caso que levanta más preguntas que respuestas.
Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con fuerzas federales, realizaron cuatro cateos en el municipio de Lázaro Cárdenas. El saldo no fue menor: presuntas drogas, armas de fuego, cartuchos, casquillos, ropa táctica, radios, cargadores y hasta cascos balísticos.
Pero lo que realmente llama la atención es uno de los hallazgos.
En un inmueble de la comunidad de San Ángel, los agentes encontraron más de 900 cartuchos útiles, además de un arma larga con cargador abastecido, casquillos y otros objetos relacionados con actividades criminales.
Novecientos cartuchos.
No se trata de un dato menor ni de un decomiso cualquiera. Estamos hablando de un volumen que difícilmente pasa desapercibido en una comunidad pequeña.
Por eso resulta difícil de creer que el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena, no estuviera enterado de lo que ocurría en su propio municipio.
Porque aquí solo hay dos escenarios posibles:
o nadie está vigilando nada,
o alguien prefiere no ver.
Y ambos son igual de graves.
Los cateos no ocurrieron en un solo punto. Fueron cuatro inmuebles en distintas ubicaciones, incluyendo Solferino y varias viviendas en San Ángel. En todos se localizaron indicios similares: sustancias ilícitas, equipo táctico, radios de comunicación, cargadores y armamento.
Es decir, no era una situación aislada.
Más bien parece el reflejo de algo que desde hace tiempo se murmura en diversas regiones del estado: la presencia creciente de estructuras criminales en municipios pequeños donde el control institucional es débil o inexistente.
Por eso cada vez cobra más sentido una propuesta que ya se comenta en círculos de seguridad: un verdadero “operativo enjambre” desde la Federación.
Un operativo que no solo mire a los grupos criminales, sino también a las redes de protección política y administrativa que les permiten operar.
Porque si en un municipio aparecen armas, droga, equipo táctico y cientos de cartuchos, y el alcalde asegura no saber nada, entonces la pregunta es inevitable:
¿quién está gobernando realmente ese territorio?
Lázaro Cárdenas no debería ser la excepción.
Pero tampoco parece ser el único caso.
En varios municipios de Quintana Roo la historia empieza a sonar demasiado parecida: decomisos importantes, operativos federales… y autoridades locales sorprendidas.
Siempre sorprendidas.
Demasiado sorprendidas.
Y cuando eso ocurre una y otra vez, la sorpresa deja de ser creíble.
Se vuelve sospechosa.
Porque si algo queda claro tras estos cateos es que la seguridad local no puede seguir dependiendo únicamente de gobiernos municipales que dicen enterarse de todo cuando ya ocurrió.
Por eso la pregunta ya no es si hace falta un operativo mayor.
La pregunta es cuándo lo van a ordenar.
