El centro y sur de Quintana Roo ya no necesitan explicaciones. Necesitan intervención.
Los recientes enfrentamientos armados y ejecuciones no son episodios aislados. Tampoco son casualidad. Diversas versiones en el ámbito de seguridad apuntan a que los ataques están relacionados con la llegada y el avance de un grupo criminal identificado como Los Caborca hacia Bacalar y otras zonas del sur del estado. Cuando una organización intenta expandir territorio, lo hace con violencia. Y eso es exactamente lo que estamos viendo.
La pregunta ya no es si la situación es grave. La pregunta es cuánto más se va a permitir que escale antes de activar una Operación Enjambre encabezada con fuerza el encargado de la seguridad nacional Omar García Harfuch.
En los últimos días, los comunicados oficiales hablan de presuntos delincuentes abatidos, otros detenidos y armas aseguradas. Se presentan resultados inmediatos: malandros muertos y detenidos. Pero el problema no es la contabilidad de los caídos. El problema es el avance territorial. Cuando los enfrentamientos se repiten en distintos puntos y en lapsos cortos, no estamos frente a incidentes aislados; estamos ante una disputa por control.
Bacalar, históricamente asociado a tranquilidad y turismo natural, aparece ahora en el radar de violencia. Y cuando el sur comienza a encenderse, el impacto no es local: es estructural. La expansión de un grupo criminal no ocurre en silencio. Se anuncia con balas.
La estrategia local parece moverse entre reacción y contención. Patrullas después del tiroteo. Conferencias después de las ejecuciones. Reuniones después del miedo. Pero una disputa territorial no se enfrenta solo con presencia posterior. Se enfrenta con inteligencia previa, seguimiento financiero, identificación de mandos operativos y desarticulación real de estructuras.
Una Operación Enjambre no sería una exageración. Sería una medida proporcional al riesgo. Implicaría despliegue sostenido, coordinación real entre federación y estado, intervención estratégica en puntos clave y un mensaje claro: el territorio no está en negociación.
Lo preocupante no es únicamente la violencia visible. Es la sensación de que el avance ocurre mientras la narrativa institucional intenta minimizar el fenómeno. Cuando la sociedad empieza a normalizar los enfrentamientos, el terreno ya comenzó a ceder.
Quintana Roo no puede permitirse que el centro y sur se conviertan en tablero de expansión criminal mientras la atención se concentra en las zonas turísticas del norte. La estabilidad del estado no es fragmentada. Si el sur se debilita, el impacto tarde o temprano alcanza a todos.
No se trata de alarmismo. Se trata de anticipación. La experiencia nacional demuestra que cuando los grupos criminales avanzan sin una intervención federal contundente, consolidan redes, financiamiento y control social. Después, revertir esa presencia cuesta años y vidas.
La federación cuenta con capacidades de inteligencia y operación que pueden marcar diferencia en esta etapa temprana del conflicto. Esperar a que la violencia escale no es prudencia; es riesgo acumulado.
Hoy el sur está enviando señales claras. Enfrentamientos, ejecuciones, presuntos integrantes abatidos y detenidos. Sí, hay reacción. Pero la reacción no equivale a contención estructural.
La Operación Enjambre no debería ser vista como un último recurso. Debería ser entendida como una afirmación temprana de autoridad.
Porque cuando un grupo criminal avanza, lo hace ocupando espacios.
Y cuando el Estado no ocupa primero, alguien más lo hace.
El sur de Quintana Roo está en alerta. La decisión ahora es política, estratégica y urgente.
