Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) llevaron a cabo una conferencia de prensa para expresar su preocupación por la aprobación de reformas al Poder Judicial y la desaparición de los órganos autónomos sin la debida consulta y sin considerar la participación ciudadana. Las organizaciones participantes incluyen a Ciudadan@s por la Transparencia, Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), Consejo Cívico de las Instituciones A.C., Código Transparencia, Ethos Innovación en Políticas Públicas, Fuerza Ciudadana Anticorrupción, Iniciativa Sinaloa, Kintiltik A.C., Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad., Morelos Rinde Cuentas – Centro de Investigación, Oconca, Transversal Think Tank y Vigilancia Ciudadana BC.
Las organizaciones manifestaron su rechazo a la aprobación de las reformas que se están discutiendo en el Congreso de la Unión sin un proceso de consulta con la ciudadanía. Asimismo, lanzaron una exigencia para que las y los legisladores entrantes cumplan con su responsabilidad de representar a sus votantes y no voten reformas sin escuchar la voz de las personas.
Cinthya Dehesa, directora de Ciudadanos por la Transparencia, enmarcó el contexto en el que se están dando las reformas al Poder Judicial y Órganos Autónomos manifestando la preocupación de la sociedad civil por la visión centralista y discriminatoria de los partidos políticos con mayoría legislativa, ya que no han propiciado espacios reales de participación e inclusión de la ciudadanía.
Lizbeth Estrada, coordinadora de CIMTRA, subrayó la necesidad de asegurar que cualquier reforma fortalezca y amplíe los derechos de la ciudadanía: “No aceptaremos decisiones centralizadas y sin consulta. Las reformas deben garantizar perfiles idóneos y la independencia del Poder Judicial para evitar que jueces y magistrados estén comprometidos con otros poderes o el crimen organizado”. Por su parte, José David Ruiz, de Kintilick AC, reiteró la importancia de respetar el principio de progresividad en los derechos ciudadanos: “No se pueden reducir derechos ya conquistados”, acotó. Alejandro Cruz, de Código Transparencia en Oaxaca, propuso un alegato por la deliberación pública, circunstancia que los representantes populares no han querido llevar a cabo, indicó que sin deliberación no hay democracia.
Dalia Toledo de Ethos y Leonardo Núñez de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad enfatizaron que la participación ciudadana y la transparencia son fundamentales para evitar abusos de poder y fortalecer la confianza en las instituciones.
Finalmente, Daniela Ramírez, coordinadora del Colectivo Fuerza Ciudadana contra la Corrupción, destacó que desde la sociedad civil piden Parlamento Abierto para darle voz a la ciudadanía de los estados, perfiles idóneos y ni un paso atrás en transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas.
En este 2 de septiembre, con el inicio de una nueva legislatura, es crucial que las y los diputados, así como las y los senadores que comenzaron ayer sus funciones, voten considerando el bien común de la ciudadanía en general y no los intereses de un grupo específico. Las reformas que se están discutiendo tendrán un alto impacto tanto en la vida de las y los mexicanos como del ejercicio de sus derechos políticos.
Este es un llamado a los 500 diputados y a los 128 senadores para que garanticen auténticos ejercicios de parlamento abierto, que incluya a grupos sociales, académicos, sector empresarial y laborales de todos los perfiles políticos y de todo el territorio nacional, antes de votar estas reformas tal como se ha exigido durante décadas. Los partidos que obtuvieron la mayoría en el Congreso no recibieron un cheque en blanco de los electores. Tienen la obligación de consultar nuevamente a la ciudadanía.
Hoy, en medio de una gran expectativa por una nueva etapa en nuestro país, con nuevas fuerzas políticas y mayorías en el Congreso de la Unión, vemos con preocupación la acelerada intención de cambiar las reglas e instituciones que tanto nos ha costado construir y mejorar sin consultar a la ciudadanía de los estados. Estas prácticas centralistas son discriminatorias y atentan contra el derecho de participar en la vida política y en las decisiones públicas de quienes habitamos en el resto de las entidades federativas.
