Las instituciones de migración de México afrontan un significativo recorte presupuestario que podría complicar la gestión de las deportaciones masivas prometidas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, según confirmaron dos fuentes gubernamentales mexicanas. Esto genera incertidumbre sobre cómo el país manejará un posible aumento en la llegada de deportados.
Aunque aún se desconoce cuántas personas podrían ser deportadas, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. estima que casi la mitad de los 11 millones de migrantes indocumentados en ese país a principios de 2022 eran mexicanos. Actualmente, México ya recibe más de 200,000 deportados al año, pero los planes de Trump podrían incrementar ese número de manera drástica.
Además, existe la posibilidad de que la administración de Trump busque que México acepte migrantes de terceros países como Venezuela, Haití y Nicaragua, un desafío adicional para el país latinoamericano.
Presupuesto limitado y retos logísticos
El proyecto de presupuesto 2025 asigna 1,747 millones de pesos (86 millones de dólares) al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), un 10% menos que en 2024. Estas instituciones ya enfrentan dificultades, como el elevado costo de transporte para mover migrantes dentro del país.
Otras áreas clave también verán recortes significativos, como la Secretaría de Relaciones Exteriores (8% menos) y la Guardia Nacional, que perderá casi la mitad de su presupuesto. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó tener un plan para apoyar a los mexicanos deportados, pero no ha revelado detalles específicos sobre cómo se financiará.
“Preocupante” insuficiencia presupuestaria
Expertos en migración advierten que los recortes comprometen la capacidad de México para responder humanitariamente. Rafael Hernández, del Colegio de la Frontera Norte, subrayó que la Comar recibirá solo 47.8 millones de pesos (2.3 millones de dólares), una cifra insuficiente ante la creciente llegada de personas en busca de asilo.
Mientras tanto, las autoridades mexicanas esperan que las deportaciones masivas tomen tiempo en implementarse, lo que daría margen para preparar un plan más sólido. Sin embargo, la reducción en recursos limita las opciones del gobierno para enfrentar un potencial aumento en la presión migratoria.
Con información adicional de Reuters.
