Investigadores del Early Institute aseveran que en este sexenio no sólo se contuvo la inversión destinada a primera infancia, sino que se eliminaron o sustituyeron programas sociales que habían paliado las carencias que sufre este grupo etario.
Representan 10% de la población en México, son los más pobres, los más vulnerables y también los más olvidados durante décadas, a los que los gobiernos de distintas denominaciones políticas les han destinado menos de 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Se trata de más 12 millones de infantes mexicanos de entre cero y cinco años, etapa a la que se identifica como la primera infancia.
En la desatención de esta población, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha sido la excepción, alertan Renata Díaz Barreiro Castro y Cándido Pérez Hernández, investigadores de Early Institute, organización civil dedicada a la incidencia en políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de la primera infancia. Para ello ha construido el Sistema de Indicadores de la Primera Infancia (SIPI), una plataforma que monitorea las condiciones de salud, nutrición, cuidado responsivo, educación, seguridad y protección y pobreza de la niñez de entre cero a cinco años de edad en México.
Con base en datos oficiales, sistematizados y concentrados en el SIPI, en entrevista en conjunto los investigadores del Early Institute han prendido algunos focos de alerta en el contexto de la conclusión del actual sexenio y en vistas al próximo cambio de gobierno que surja de la elección del 2 de junio próximo.
Coordinadora del proyecto SIPI, Díaz Barreiro destaca como “uno de los focos rojos” que tienen que tomarse en cuenta para la próxima administración es que la inseguridad en el país también está afectando de manera preocupante a la población menor de cinco años.
Tras alertar que un estudio de 2003 de la oficina de Drogas y el Delito de la ONU develó que “la tasa de homicidios intencionales en México es cinco veces más alta que el promedio mundial, que es de 5.8 por cada 100 mil habitantes, mientras que nuestro país es de 26 asesinatos por cada 100 mil habitantes”, Díaz Barreiro Castro consideró que “tenemos un problema definitivo de seguridad pública y esto también se ve reflejado y permeado en la niñez en México”.
Como efectos de la inseguridad, expuestos en bases de datos públicos de INEGI y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la investigadora destaca que 135 niños y niñas de primera infancia fueron asesinados en 2022; ese año se integraron dos mil 438 carpetas de investigación por violencia sexual contra esa población frente a dos mil 78 averiguaciones abiertas en 2021; en 2023 se tenían registradas 368 personas desaparecidas de primera infancia.
“Estamos hablando de una violencia terrible, como también lo es saber que al menos 93% de los delitos no se denuncian, y que 12% de mujeres, esto es seis millones de personas, habrían sido víctimas de violencia sexual antes de cumplir 15 años, sin que sepamos cuántas de ellas sufrieron los abusos en primera infancia”, apunta Díaz Barreiro.
La investigadora del Early Institute advierte que la situación de inseguridad en primera infancia se agrava al considerar que prevalece un contexto de pobreza que dificulta el acceso a la justicia.
Abunda que precisamente otra señal de alarma es la persistencia de la pobreza extrema en México, que “no se modificó para nada en primera infancia, 12%, esto es, uno de cada diez niños está en pobreza extrema, mientras que 50% está en pobreza, esto es, uno de cada dos niños”.
Tomando como parámetro las consideraciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de que una persona con pobreza extrema registra al menos tres carencias sociales, relacionadas con los derechos a la salud, a vivienda, educación, seguridad social, alimentación y los servicios, la investigadora advierte que es ahí donde los infantes resultan más afectados.
“Ha aumentado considerablemente el número de las personas con al menos tres carencias sociales, mientras en 2018 los datos estaban en 22%, en 2020 llegamos a 26% y en 2022 a 30%, es decir, entre 2020 y 2022 aumentamos la población en pobreza extrema en 15%, lo cual deriva en que están vulnerando los derechos más fundamentales de los niños, aunque no haya aumentado el número de pobres”, resalta la investigadora.
Pérez Hernández acota con números: hay cinco millones 900 mil niños y niñas de entre cero y cinco años pobres, y un millón 420 mil en situación de pobreza extrema, si se toma en cuenta que la población total es de 12 millones 226 mil 266 personas en ese rango de edad en México.
Con información de Proceso
