En 2022, Carlos Zayas García acreditó las tres etapas del examen de oposición para convertirse en juez laboral, sin embargo, dos años después sigue sin recibir una asignación que le permita estar en un tribunal.
Como él, más de 50 abogados están en la misma situación de incertidumbre, la cual ha crecido frente a la implementación de la reforma judicial.
Zayas García, oriundo de Puebla, explica que para 2023 se planeó que el Poder Judicial Federal abriera 50 tribunales y juzgados laborales nuevos, pero la meta no se cumplió.
“Estamos en el limbo porque en la reforma en materia del Poder Judicial que se publicó el 15 de septiembre de 2024… no (se) prevé nada respecto de nosotros, no regula absolutamente nada respecto de la existencia de jueces y juezas sin adscripción. De la misma forma, las leyes secundarias que se publicaron posteriormente tampoco regulan absolutamente nada”, señala.
En la convocatoria general que el Senado lanzó para la elección de jueces por voto popular el pasado 15 de octubre tampoco se aborda la situación de los que están sin adscripción.
Piden ser escuchados
Otro proyecto de vida que cambió con la reforma judicial es el de Lucía del Carmen Flores, que se ganó un lugar como jueza en materia laboral en 2022, pero sigue sin ser asignada a un tribunal.
La abogada señala que será una injusticia si no se respetan los derechos adquiridos, aunque advierte que se trata de un problema que se arrastra desde 2022.
Lamenta que pese a las cargas de trabajo que hay en tribunales y juzgados laborales, el Consejo de la Judicatura Federal sigue sin adscribirla.
