Cancún, Q. Roo, 10 de julio 2018.- La oferta de transporte en Quintana Roo sigue secuestrada por ciertos grupos de poder, que lograron darle vuelta a una reforma que fue un gran paso, pero que tristemente hoy está en retroceso y que a la larga impedirá se modernice este sistema, aseveró el representante de UBER en México, Federico Ranero.
“Lo más oscuro de la política retrógrada y proteccionista está detrás de las reformas a la Ley de Movilidad que se discuten en el Congreso de Quintana Roo”, añadió.
En entrevista telefónica, reiteró que el principal motivo por el que Uber no regresaría a Quintana Roo es porque las modificaciones que se plantearon en la Ley de Movilidad establecen que para que estas plataformas digitales puedan operar deberán de tener concesiones y no permisos.
El director general de Uber estuvo ayer en Chetumal durante la presentación a comisiones la propuesta de modificación a la Ley de Movilidad en el estado de Quintana Roo, en la que se tocaban cambios que incluían a las plataformas prestadoras de servicios públicos de transporte.
“Podemos verlo desde dos puntos de vista, uno desde el que dicen los expertos en este tema como es Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos, hablemos de lo que impacta eso en la práctica de la operación de Uber”, afirmó.
Federico Ranero, añadió que en el punto de vista de los expertos, la misma Cofece en su análisis de 2015 invita a todos las entidades y sus gobernadores a privilegiar la competencia y la libre concurrencia de estos actores de nueva movilidad como empresa de redes de transporte.
“Se les recomienda que sus marcos normativos, eviten en primer lugar, el obtener una autorización o registro que pudiera imponer requisitos adicionales como placas especiales, cromáticas específicas, como particularmente es una concesión tal cual, lo cual podría limitar el número de unidades funcionando y prohibir la flexibilidad sobre la cual se basa la economía colaborativa”, explicó.
Expresó que de igual manera está la opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional que en su resolución decretó un acto de inconstitucionalidad en el estado de Yucatán de mayo de 2017.
“La resolución indica que las empresas de medios de transporte y el marco regulatorio que les apliquen no es comparado con otros servicios de transporte público como lo es el taxi y su modelo de concesiones”, agregó.
Detalló que a ellos lo que les preocupa es que para los socios conductores de Uber lo más importante es la flexibilidad, que no tiene ningún tipo de restricción en el término de permanencia dentro de la plataforma, pues hay personas que sólo manejan durante sus vacaciones, flexibilidad que aprovecharon más de 5 mil familias durante los 15 meses que estuvieron operando en Cancún.
“Esto sería muy perjudicial para los usuarios porque no habrían los suficientes autos para satisfacer la demanda a la cual todos están acostumbrados presionando un botón y encontrando un Uber a minutos de distancia en cualquier punto de la ciudad a cualquier hora”, aseveró.
El entrevistado afirmó que además todos los requisitos que se marcan harían más costosa la operatividad, tanto económicamente como en tiempo y daría pie a la creación de mercados negros como es en el caso del taxi tradicional, que al final de cuentas suprime a la competencia de manera muy importante.
“Se trata de un esquema diseñado para no permitir la entrada de otros actores y para continuar y que la oferta de transporte en Quintana Roo siga secuestrada”, insistió.
Reiteró que no es solamente su postura, sino la de varios expertos, así como la del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quienes en una carta dirigida al gobernador “lo resumen muy bien”.
“Lo que pasa en Quintana Roo es que se está privilegiando la razón de la fuerza antes que la fuerza de la razón y estamos realmente preocupados y decepcionados por el mayor peso que se le da a algunos grupos de poder”, aseveró.
Sostuvo que en vez de satisfacer a muchos, satisface a unos pocos y el único que paga las consecuencias es el quintanarroense.
Puntualiza que lo que pretende Uber es que exista una regulación que abra la operación y las nuevas tecnologías, que se centre en los usuarios y la demanda de los mismos, a diferencia de estos modelos arcaicos de concesión que se centran en la oferta sin buscar proteger ciertos grupos puntuales a costa de lo que demanda la mayoría.
“No es un tema de un capricho, de que tiene que ser a la nuestra”, concluyó. (Infoqroo).
