El pleno del Senado de la República aprobó en lo general y lo particular una reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con el artículo 19 de la Constitución. Con 93 votos a favor de legisladores de Morena, PT, PVEM y parte del PAN, y 35 en contra por senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el dictamen avanzó tras un intenso debate.
La reforma establece que los jueces deberán dictar prisión preventiva automática en casos de extorsión, tráfico de fentanilo y uso de comprobantes fiscales falsos. Sin embargo, quedaron fuera los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal, inicialmente propuestos por Morena.
Posiciones divididas en el PAN
El senador panista Juan Antonio Martín del Campo justificó su voto a favor del dictamen en lo general, argumentando congruencia con su apoyo previo en 2019 a la prisión preventiva, aunque mostró reservas sobre incluir la defraudación fiscal. Otros panistas, como Agustín Dorantes, Miguel Márquez, Mauricio Vila y la coordinadora Guadalupe Murguía, también respaldaron la medida.
Por otro lado, Ricardo Anaya, senador del mismo partido, advirtió sobre los riesgos de aplicar la prisión preventiva de manera automática. Señaló que viola la presunción de inocencia y destruye la vida de personas inocentes:
“Nadie quiere extorsionadores o traficantes de fentanilo en las calles. El problema es que esta medida puede atropellar derechos fundamentales”.
Críticas desde Movimiento Ciudadano y el PRI
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, destacó que la prisión preventiva afecta desproporcionadamente a las personas más vulnerables, argumentando que 73 mil personas privadas de la libertad tienen apenas educación básica y carecen de recursos para una defensa legal adecuada. Además, alertó sobre el posible uso político de esta medida:
“Puede ser utilizada para la persecución política; basta la presunción de un delito para encarcelar adversarios en un país donde es fácil fabricar culpables”.
Desde el PRI, la legisladora Carolina Viggiano cuestionó la efectividad de la estrategia de encarcelamiento automático:
“¿Por qué seguir haciendo lo que no ha funcionado? Esto solo viola derechos humanos y afecta a los sectores más pobres y vulnerables”.
Defensa de la reforma por parte de Morena y aliados
Waldo Fernández, senador del PVEM, defendió la reforma al considerarla una herramienta esencial en casos de delitos graves:
“La prisión preventiva oficiosa no es un lujo, es una necesidad para proteger a las víctimas y garantizar justicia”.
El debate reflejó posturas encontradas sobre la eficacia y las implicaciones de esta medida, marcando un nuevo capítulo en el uso de la prisión preventiva en México.
