Cancún.- Un largo, costoso y desgastante proceso jurídico sobre la concesión de Aguakan hace inviable para la próxima administración del gobierno estatal hacer cambios en el servicio de agua potable y alcantarillado.
Expertos en el tema explican que, en principio, las cláusulas de la concesión no incluyen la figura de la consulta pública para dejar sin efecto la prestación del servicio, por lo que los diputados locales deberán de analizar y prever los altos costos jurídicos, sociales, económicos y sobre todo presupuestales.
Una vez superado el proceso legislativo, las y los diputados tendrán que hacer la petición al gobierno estatal entrante que tendrá que hacer ajustes presupuestales y destinar recursos millonarios para comenzar el largo y desgastante proceso jurídico en el que Aguakan, seguramente también dará la batalla.
A través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo, el gobierno estatal tendrá que demostrar que la concesionaria incurrió en las supuestas faltas y que ameriten el retiro de la concesión.
Por el momento, esta dependencia no tiene capacidad jurídica, económica ni de infraestructura, hecho que sin duda generará una problemática de contratación de costosos bufetes jurídicos, y más adelante traerá escases de agua, sanitarios, pero sobre todo económicos.
Ante esto el gobierno entrante tendría que desembolsar una cantidad de varios miles de millones de pesos para indemnizar a la empresa, situación que difícilmente podrá hacer dada la coyuntura que enfrentará la próxima administración.
La consulta popular del pasado 5 de junio sobre la permanencia de Aguakan en los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad, solo mostró la inquietud social, sin embargo, no consideró la realidad ni las afectaciones a la sociedad.
