Chetumal, Q. Roo, abril 2018.- Claudia Carrillo, consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) aclara que fue ella quien denunció la violencia política de género y negó que existan imputaciones o investigaciones en su contra por violencia política de género
“No hay imputaciones en mi contra; yo fui la denunciante”, dijo la consejera.
“Yo denuncié el caso, fue en contra mía esa violencia; si hay imputaciones, es contra los denunciados”, aclaró.
El jueves pasado el periódico Reforma publicó una nota de la cual surgió la versión de que habría orden de aprehensión contra funcionarios del Ieqroo
De acuerdo con la nota, las órdenes de aprehensión tendrían que ver con una denuncia por violencia política de género en contra de Mayra San Román Carrillo, Presidente del Ieqroo, tres consejeros, además de funcionarios y representantes de partidos políticos ante el organismo.
La denuncia fue realizó la propia Claudia Carrillo, luego de sufrir diversos actos de violencia política por parte de los denunciados, por lo cual no puede ser ella la acusada.
Claudia Carrillo comentó que quedó expuesta a la presión de sus pares, porque ella también fue quien denunció a diversos consejeros, entre ellos la misma Mayra San Román, por manipulación indebida del listado nominal electoral. Esa denuncia la presentó el 16 de agosto de 2016.
A raíz de esa denuncia, Claudia Carrillo dijo que la presión de los acusados sobre ella se volvió insoportable, por lo cual los denunció por violencia política de género el 31 de agosto de 2016.
“Quiero aclarar que la testigo y la que dio conocimiento a la autoridad federal sobre lo que a mi criterio fue un uso indebido de las listas nominales en el pasado proceso electoral, fui yo”, dijo.
“Debido a ello, la violencia política de género, que de por sí venía viviendo, se acrecentó”, agregó.
“¿Qué sigue? Ese lo dejo en manos de las autoridades, que seguro actuarán conforme a derecho. Por mi parte cumplí con mí deber ciudadano de denunciar hechos que me parecen incorrectos. Mientras tanto, mi tranquilidad está en manos de la autoridades federales”, dijo.
Por su parte, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Héctor Díaz-Santana Castaños, de la PGR, confirmó que sí existe un proceso penal en contra de algunos funcionarios del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), pero por impedimento legal negó proporcionar nombres para no afectar el debido proceso.
El funcionario fue entrevistado al término de la firma de un convenio entre la FEPADE y gobierno del estado en relación al blindaje electoral en el próximo proceso electoral 2018.
En este sentido trascendió que no solo funcionarios del Ieqroo están en picota, sino ex funcionarios, incluso por atentar contra los derechos políticos de las mujeres que ahí laboran.
El titular de la FEPADE, Héctor Díaz-Santana Castaños, dijo que no podía proporcionar más datos sobre los imputados.
Es importante recordar que la consejera Claudia Carrillo Gasca denunció el año pasado ante esa instancia ser víctima de violencia política de género y señaló a cuatro consejeros, al entonces presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas y a otros funcionarios.
También denunció ante la PGR una supuesto manipulación ilegal del padrón electoral, motivo por el que comenzó a ser acosada, tema que llegó al INE y a la Fepade.
Meses después, en agosto, abruptamente renunció el director de Partidos Políticos del Instituto, José Luis González Nolasco, también involucrado en la demanda, y presuntamente contra quien se libró la orden de aprehensión.
En noviembre también renunció Luis Alberto Alcocer Anguiano, director de Organización, también presunto implicado en la manipulación del padrón electoral.
Díaz-Santana Castaños añadió que a lo largo del actual proceso electoral, la Fiscalía ha recibido 28 denuncias por agresiones a los derechos políticos de mujeres en el ámbito federal. Detalló que, tomando en cuenta las cifras desde 2016, las denuncias llegan a 200 casos y que las entidades con mayor incidencia de agresiones son Chiapas, Veracruz y el Estado de México.
Se reunió también con legisladoras y funcionarias que encabezan políticas de equidad de género, el fiscal electoral indicó que la violencia política contra las mujeres no está tipificada a nivel federal, lo que dificulta la atención del delito.
“No existe un tipo penal de violencia política a nivel federal, pero nosotros estamos trabajando, desglosando la ley en materia de delitos electorales, hay 200 tipos de conductas diferentes y esas conductas estamos asociándolas a las prácticas recurrentes que pueden ser constitutivas de violencia política de género”, recalcó.
El funcionario sostuvo que la Fiscalía colabora con las áreas de atención a víctimas de los Gobiernos estatales, como en estos casos que serán sancionados tanto en Guerrero como en Quintana Roo, por atentar contra los derechos políticos de mujeres que laboran en esas instancias
