El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio luz verde al catálogo de infracciones aplicable a la próxima elección judicial, con el objetivo de garantizar un proceso apegado a la legalidad. A partir de ahora, los aspirantes registrados, así como jueces, ministros y magistrados en funciones que aceptaron el pase automático, deberán evitar actos anticipados de campaña y otras prácticas indebidas.
El catálogo aprobado establece las siguientes prohibiciones para los aspirantes y candidatos:
- Contratación de medios de difusión: No podrán adquirir espacios en radio, televisión ni otros medios para promocionar sus candidaturas.
- Propaganda anticipada: Se prohíben actos de campaña fuera del periodo establecido por la ley, así como el uso de mensajes que incluyan calumnias o referencias que vulneren el interés superior de la niñez.
- Entrega de beneficios: Está prohibido ofrecer o entregar bienes o servicios que representen un beneficio directo o indirecto.
- Restricciones en la jornada electoral: No se permitirá la difusión de encuestas ni propaganda electoral tres días antes de la elección, ni durante el cierre de las casillas.
- Proselitismo indebido: Los servidores públicos no podrán realizar actividades de proselitismo ni manifestarse a favor o en contra de alguna candidatura, ni usar recursos públicos para influir en la ciudadanía.
El consejero Martín Faz propuso restringir el uso de lemas, frases o ideologías asociadas a partidos políticos por parte de los aspirantes, pero la propuesta no fue aprobada por la mayoría de los consejeros.
El proyecto aprobado prohíbe, no obstante, la difusión de propaganda electoral con referencias inequívocas a partidos o fuerzas políticas, en un esfuerzo por mantener la imparcialidad en el proceso.
Las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortíz Ahlf han expresado respaldo público al gobierno federal y a la llamada Cuarta Transformación, encabezada por Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Este tipo de afinidades han generado preocupación por posibles influencias políticas en el proceso judicial.
Además, el catálogo impone restricciones a los partidos políticos, que no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse públicamente a favor o en contra de los aspirantes, ni contratar encuestas o sondeos de opinión durante el proceso.
El próximo 1 de junio será la elección judicial, en la que se espera un proceso vigilado para garantizar transparencia e imparcialidad.