Con esta acción se pide al Congreso de ese estado reformas legales para evitar que se sigan dando aumentos arbitrarios y opacos al servicio que brindan CAPA y Aguakan en Quintana Roo.
Las tarifas han crecido más del doble que la inflación en los últimos nueve años, por lo que se ubican casi 70 por ciento arriba de las que operan en los vecinos estados de Yucatán y Campeche.
CIUDAD DE MÉXICO, 23 de mayo.- Con el fin de frenar el galopante y opaco incremento de las tarifas de agua potable que padecen los habitantes del estado de Quintana Roo, el senador José Luis Pech Várguez presentó un Punto de Acuerdo para que el Senado de la República exhorte al Congreso de esa entidad federativa, para que modifique la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo.
Datos como el que las tarifas de agua potable en Quintana Roo sean casi 70 por ciento más elevadas que las de Yucatán y Campeche, o qué en los últimos nueve años se hayan registrado incrementos que a la fecha ya suman más de 119 por ciento, al pasar la tarifa doméstica base de 47.69 pesos en 2010, a 129.69 pesos en marzo del presente año, llevaron al senador quintanarroense a buscar alternativas para frenar esas alzas indiscriminadas que tanto afectan a la población y a las empresas, sobre todo porque ese porcentaje de aumento supera en más del doble el incremento de la inflación para el mismo período de tiempo.
El objetivo del Punto de Acuerdo, expuso Pech Várguez, es “transparentar la forma en que se calculan los incrementos a las tarifas de los servicios que presta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), con el fin de brindar claridad y certeza a la población quintanarroense sobre las tarifas que deben cubrir cada mes”, las que se encuentran inmersas bajo un manto de opacidad generada por reformas a modo de anteriores administraciones estatales para elevar las tarifas, amén de que aún se modifican bajo una fórmula ya anacrónica y que contraviene un mandato constitucional de la República aprobado desde el año 2016.
Por esa razón, añadió el senador quintanarroense, en el mismo Punto de Acuerdo propuesto, también se haga otro exhorto al Congreso del Estado de Quintana Roo para que “cumpla con el mandato constitucional y modifique de forma inmediata, toda la legislación estatal donde se tenga que sustituir al salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como la referencia económica para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes correspondientes, incluyendo la Ley que establece el cálculo de las cuotas y tarifas del servicio de agua potable que presta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del estado”.
En la exposición de motivos, explicó que tras más de dos décadas de que la paraestatal CAPA operó con autonomía para el cobro de este servicio, en 2008 el Ejecutivo Estatal promovió ante la XII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, la citada Ley de Cuotas y Tarifas para los servicios públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo, donde se estableció que el monto de las cuotas y tarifas se actualizarían cada mes en proporción del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que publicaba el Banco de México (y que ahora ya es atribución del INEGI), salvo las de servicio doméstico, es decir, el habitacional, cuyos ajustes quedaron anuales a razón de los incrementos del salario mínimo vigente.
Sin embargo, el legislador precisó que, en dos sucesivas reformas al artículo séptimo de la citada ley, referente a la regulación de las tarifas domésticas, una en 2011 y la otra en 2013, promovidas por los gobernadores en turno, se generaron medidas que encarecieron primero en 35 por ciento el servicio, y luego otro cinco por ciento por cobros adicionales por saneamiento y alcantarillado.
Esto sin contar, agregó el senador José Luis Pech, que en la primera de esas reformas se incluyó una fórmula para que las tarifas aumentaran también por los incrementos que tuviera la energía eléctrica, sin considerar que, en la propia ley en su artículo noveno, se indica que los aumentos de tarifas debían de estar sustentados por estudios técnicos y financieros presentados por la CAPA y aprobados por la legislatura estatal, lo cual se ha pasado por alto.
Precisó que esta afectación a los quintanarroenses se localiza particularmente en los cuatro municipios con mayores índices de pobreza, que son los ubicados en el centro y sur del estado, en donde según datos del 2015 del CONEVAL, en Felipe Carrillo Puerto, el 74.7 por ciento de la población poseía un ingreso inferior a la línea de bienestar; en tanto que en Othón P. Blanco, el 43.2 por ciento estaba en esa condición; y en José María Morelos y Bacalar, más del 80 por ciento de sus respectivas poblaciones sufren esa situación económica.
Indicó el senador Pech Várguez que de los municipios restantes, en Tulum y Cozumel más del 33 por ciento de su población se encontraba en esta situación y en Lázaro Cárdenas, el 62.2 por ciento. “Si bien para los otros cuatro municipios de Quintana Roo, el servicio lo provee la empresa concesionaria Aguakan, la CAPA es el órgano que establece las tarifas que esta empresa privada cobra, por lo tanto, esta problemática afecta a la totalidad del estado”, precisó.
En síntesis, concluyó, “en Quintana Roo tenemos las tarifas domésticas de agua potable más altas de la Península de Yucatán: se paga 69.7 por ciento más que en Campeche y 67 por ciento más que en Yucatán. Esto ocurre, porque el sistema para el cálculo de los incrementos de las tarifas establecido en el ordenamiento correspondiente se realiza con base al aumento del salario mínimo, mientras que la legislación federal señala que este debería realizarse usando como base la UMA. Adicionalmente, se han añadido los incrementos a la energía eléctrica como parte de este cálculo”.
