La diputada local Majo Osorio dio un paso importante en el debate sobre el uso de recursos públicos y programas sociales con fines de promoción personal, luego de que el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) emitiera una opinión técnica favorable a la iniciativa que impulsa en el Congreso del Estado.
La propuesta busca establecer como infracción que servidores públicos, autoridades o funcionarios utilicen programas sociales, apoyos gubernamentales o servicios financiados con recursos públicos para promover su imagen personal mediante fotografías, nombres, voces o cualquier elemento que permita asociar los beneficios con una figura política en particular.
De acuerdo con la iniciativa, la ciudadanía tiene derecho a conocer los programas y acciones de gobierno, pero sin que estos se conviertan en herramientas de promoción política o posicionamiento personal de quienes ocupan cargos públicos.
La reforma plantea que toda difusión relacionada con apoyos, programas sociales o servicios gubernamentales se realice exclusivamente a través de canales institucionales y con fines informativos, educativos o de orientación social, evitando cualquier elemento que implique promoción personalizada.
Tras analizar el contenido de la propuesta, el Instituto Electoral de Quintana Roo concluyó que la medida es compatible con los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad y equidad que deben regir la actuación de las autoridades y la competencia política.
El organismo electoral consideró que la iniciativa contribuye a prevenir el uso indebido de recursos públicos con fines político-electorales y fortalece las condiciones de igualdad en la contienda democrática.
Aunque la opinión emitida por el IEQROO no tiene carácter vinculante para el Poder Legislativo, representa un respaldo técnico relevante dentro del proceso de análisis y discusión de la reforma en el Congreso del Estado.
Con esta propuesta, Majo Osorio busca abrir un debate sobre los límites entre la comunicación institucional y la promoción personalizada de funcionarios, en un contexto donde el uso de programas sociales ha sido objeto de discusión pública en distintos niveles de gobierno.
