Ciudad de México, 3 de mayo 2018.-Familias enteras de nueve estados del país han sido desplazadas de sus comunidades en hechos de violencia causados por grupos armados, por violencia política o conflictos territoriales, y por proyectos empresariales registrados en el último año.
En Chihuahua, por ejemplo, alrededor de 30 familias ódami (o tepehuanes del norte) han sido desplazadas o amenazadas para abandonar sus hogares en las localidades de Cordón de la Cruz, Mesa Colorada, El Tepozán y Tuáripa, en el municipio de Guadalupe y Calvo, de acuerdo con la denuncia de la Red de la Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara.
Estos hechos se registraron luego que los hermanos Cornelio y Aurelio Alderete Arciniega solicitaran a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) la enajenación de los terrenos asegurando que son de ellos y no de las comunidades indígenas. Los Alderete Arciniega han movilizado a familiares, trabajadores y gente armada para agredir y desplazar a los ódami, según han documentado la Red.
Mientas tanto en Zacatecas, el 13 de enero de 2017 personal armado de la empresa minera canadiense Panamerican Silver amenazó y desplazó a 47 familias de la localidad La Colorada, municipio de Chalchihuites. A las víctimas se les obligó a mudarse a casas de lámina, mientras que las suyas quedaron destruidas. El argumento de la empresa es que cuenta con un título de propiedad de los predios. Las familias desplazadas dicen que ellos han vivido ahí por casi 100 años y que el título de la compañía es apócrifo.
Los pobladores denuncian que en las viviendas de lámina no pueden vender comida, realizar fiestas o mover mueble alguno. Si lo hacen, reciben multas. También denunciaron que les roban sus animales y que sufren violencia psicológica: las autoridades les quieren hacer creer que su pueblo nunca existió.
En Guerrero, decenas de familias nahuas fueron desplazadas de las localidades de Tetitlán de las Limas, Ahuihuiyuco y Tepozcuautla, en el municipio de Chilapa, de acuerdo con el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En Ahuihuiyuco, un grupo irrumpió en la comunidad, quemó viviendas y dejó dos cuerpos desmembrados. El grupo criminal amenazó, a través de hojas pegadas en casas, escuelas e iglesias, a las otras localidades y les exigió abandonar sus casas.
A estos tres casos de desplazamiento interno se suman otros 22 registrados en México durante el último año, en los que comunidades enteras han tenido que dejar sus hogares, para un total de 25 eventos documentados en el informe Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México, cifras 2017, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).José Antonio Guevara, director de la CMDPDH, explicó durante la presentación del documento que de enero a diciembre de 2017 hubo 25 episodios que afectaron a 20 mil 390 personas en el país, en nueve estados, 29 municipios y 79 localidades. En todos hubo uso directo de la violencia. 17 de los 25 episodios fueron causados por grupos armados, tanto criminales como de autodefensas; 7 fueron causados por violencia política o conflictividad social y conflictos territoriales, y uno por un proyecto extractivo minero.
La cifra es ligeramente menor que la de 2016, cuando la comisión documentó al menos 29 episodios que impactaron a 23,169 personas en 12 entidades del país. La mayoría de esos eventos, 20, fueron causados de manera directa por la violencia de los grupos criminales, a diferencia de este año cuando las causas se han diversificado, dejando un panorama más complejo.
Con el dato acumulado de 2017, el registro histórico-acumulativo de la CMDPDH indica que el total de personas internamente desplazadas por la fuerza en México, hasta diciembre de ese año, es de al menos 329,917.
El perfil de las víctimas
Los estados con más episodios de desplazamiento interno masivo fueron Guerrero con 7; Sinaloa, 5; Chihuahua, Chiapas y Oaxaca con 3. La entidad con más personas desplazadas fue Chiapas, con 6,090, lo que corresponde a 29.87% del total. En segundo lugar está Guerrero, con 5,948 personas, y en tercero está Sinaloa, con 2,967.
El episodio con el mayor número de víctimas registradas, que desplazó a 5,323 indígenas tzotziles, ocurrió en Chiapas, en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, y se produjo por disputas de tierras y la actuación de grupos, ligados al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a quienes los afectados acusan de ser paramilitares.
Brenda Pérez, coordinadora del área de Desplazamiento Interno de la CMDPDH, indicó que la población indígena fue la más afectada durante el año pasado, a diferencia de 2016 y los anteriores cuando no se reportó esa incidencia en estos grupos. “De los 20,390 desplazados, 12,323 pertenecen a grupos indígenas. Eso representa 60.44% del total”.
Por lo menos seis pueblos resultaron afectados: nahuas, tzotziles, mixes, rarámuris (o tarahumaras), purépechas y tepehuanes (u ódami). Los que tuvieron mayor impacto fueron los tzotziles (5,890 personas) y los nahuas (3,640). Los datos recabados por la Comisión muestran la vulnerabilidad de esta población: de las 14 personas que han fallecido por huir de su casa en estos hechos, 12 eran indígenas. En Chiapas, por ejemplo, han muerto tres menores y un bebé.
Solo en 19 de los 25 episodios se pudo identificar el destino de las víctimas. En la mayoría de los casos los afectados se mantuvieron en el mismo municipio o en la misma entidad, solo en cuatro casos huyeron a otro estado.
“La mayoría de las personas desplazadas no han podido y no podrán regresar a sus casas”, puntualiza Brenda Pérez. La CMDPDH estima que solo 4,842 de los afectados han vuelto a sus hogares hasta enero de 2018. Eso representa 23.75 % del total, lo que quiere decir que 15,548 continúan en situación de desplazamiento.
Frente a lo anterior, la CMDPDH exhorta al Estado mexicano a reconocer el desplazamiento interno como una violación continua de múltiples derechos humanos. De manera urgente debe crearse una Ley General para la Prevención y Atención al Desplazamiento Interno Forzado que brinde protección a las personas durante todas las fases del ciclo del traslado, indicó José Antonio Guevara. Tal marco jurídico debe garantizar que no haya ningún obstáculo para que las víctimas puedan ser registradas y logren acceder a todos los beneficios que la Ley prevea para su protección y reparación integral del daño. (Información: Animal Politico/ Fotografía: Cuartoscuro).
