Los informes incluían fotos de los pasaportes, cuentas de redes sociales y fechas de nacimiento de las personas investigadas
San Diego, EUA, 7 de marzo 2019. El gobierno de Estados Unidos realizó una operación secreta para vigilar a periodistas y activistas, mientras investigaba la caravana de migrantes de México el año pasado, informó este miércoles una estación de televisión de San Diego, citando documentos filtrados.
En una nota difundida por la agencia Ap, retomada por el periódico estadunidense The Washington Post, se explica que los informes incluían fotos de los pasaportes, cuentas de redes sociales y fechas de nacimiento de las personas investigadas.
“Otros detalles se guardaron en una base de datos y algunos periodistas independientes tuvieron alertas colocadas en sus pasaportes. Fueron marcados para realizar proyecciones secundarias en los puntos de aduanas”, dijo la estación KNSD-TV.
A un reportero gráfico independiente se le negó la entrada a México por razones que nunca se declararon, informó la estación.
Los documentos entregados anónimamente a la NBC 7 Investigates, figuran como examen secundario de garantía. Incluían a 10 periodistas: siete de ellos y un abogado de ciudadanía estadunidenses. Asimismo, 47 personas de varios países etiquetados como organizadores, instigadores o “desconocidos”, dijo la televisora.
Los esfuerzos de recopilación de inteligencia se realizaron bajo el paraguas de la “Operación Línea Segura”, que fue diseñada para monitorear la caravana de miles de personas que comenzaron su camino hacia el norte desde Centroamérica a fines del año pasado para buscar asilo en los Estados Unidos, la fuente. le dijo a la estación de televisión.
Una declaración de Aduanas y Protección Fronteriza enviada a la Ap este miércoles dijo que la seguridad adicional se produjo tras la violación de un muro fronterizo en San Diego el 25 de noviembre en una violenta confrontación entre miembros de caravanas y agentes fronterizos. La confrontación cerró el cruce fronterizo más ocupado de la nación durante cinco horas el fin de semana de Acción de Gracias.
Tales “eventos criminales … que involucran agresiones contra la policía y un riesgo para la seguridad pública, son monitoreados e investigados rutinariamente por las autoridades”, dice la declaración.
“Es un protocolo que sigue estos incidentes para recopilar evidencia que podría ser necesaria para futuras acciones legales y para determinar si el evento fue orquestado”.
La declaración no aborda los detalles específicos de por qué los periodistas estarían en la lista para marcar sus pasaportes.
“Esta es una violación indignante de la Primera Enmienda. El gobierno no puede usar el pretexto de la frontera para atacar a activistas que critican sus políticas, abogados que brindan representación legal o periodistas que simplemente hacen su trabajo”, dijo el abogado Esha Bhandari.
Los documentos, fechados el 9 de enero, se titulan Rama de Operaciones en el Extranjero del Sector de San Diego: Caravana Migrante FY-2019, Organizadores, Coordinadores, Instigadores y Medios sospechosos.
La fuente dijo que el material fue utilizado por agentes del CBP y otras agencias, incluyendo el FBI. Dos fotoperiodistas independientes confirmaron a la televisora que la información en sus expedientes era precisa. Ambos fueron detenidos para un interrogatorio secundario en los cruces fronterizos. Una de ellas, Kitra Cahana, finalmente fue detenida en México, se le negó la entrada y tuvo que volar de regreso a Estados Unidos. No se les informó por qué fueron atacados.
Un expediente fue sobre Nicole Ramos, directora de refugiados y abogada de Al Otro Lado, un centro de derecho para migrantes y refugiados en Tijuana, México, incluía detalles del tipo de automóvil que conduce y el nombre de su madre, informó KNSD-TV.
“El documento parece demostrar lo que hemos asumido durante algún tiempo, que es que estamos en una lista de agentes de la ley diseñada para tomar represalias contra los defensores de los derechos humanos que trabajan con solicitantes de asilo y que son críticos de las prácticas de CBP que violan los derechos de los solicitantes de asilo”. “, Le dijo Ramos a la estación por correo electrónico.
La Jornada
