El gobierno logró lo que se propuso en 2020, cuando introdujo en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que la expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparasen operaciones inexistentes o falsas se equipararía a delincuencia organizada

Una pequeña dosis de Constitución para empezar

Para darte un poco de contexto es inevitable que te cuente que en el artículo 19 de la Constitución federal se encuentran previstos los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (PPO), y que, de hecho, en los últimos seis años, contraviniendo todos los tratados internacionales relacionados con la materia, ese catálogo de delitos —lejos de acortarse— se ha venido ampliando cada vez más. No es aquí el momento, ni el lugar para presentar una disertación sobre los terribles y fundados temores que entraña dicha figura, pero basta decirte que representa una medida que atenta en todos los sentidos contra los derechos humanos de los acusados, pues solamente se necesita que un incorruptible e imperturbable Ministerio Público te acuse de alguno de los delitos previstos en el listado, para que, sin mediar juicio previo, te hagas merecedor a una feliz estancia en una prisión mexicana mientras llega el momento de acudir ahora sí a juicio y ver cómo la libras; que si eres reconocido como inocente, un “usted disculpe” bastará para recuperar el tiempo y la dignidad perdida.

El origen de la alerta roja

Esta semana, gracias al proyecto de reforma a la Constitución federal aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión, se prendieron todas las alarmas. Finalmente, el gobierno logró el objetivo que se propuso en un ya lejano 2020, cuando introdujo en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (y otras leyes) que la expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparasen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados se equipararía a la referida conducta de delincuencia organizada. 

Sin embargo, esa reforma tuvo una efímera vida en el sistema jurídico mexicano porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó —en mi opinión, de forma acertada— que los otros poderes no podían andar manipulando el orden constitucional por medio de reformas a leyes secundarias, y que, si bien, comprar o vender comprobantes fiscales (facturas) había que combatirlo, no era equiparando dicha conducta a delincuencia organizada como se conseguiría obtener una medida de prisión preventiva oficiosa en contra de aquellas personas acusadas de cometer dicha acción. Aquí es donde la historia se pone más interesante.

Te lo explico de otra manera. Como te conté al principio, el artículo 19 de la Constitución incluye los delitos cuyos acusados se hacen merecedores de la prisión preventiva oficiosa, dentro de los cuales se comprenden los señalados por delincuencia organizada; pero dado que la Constitución no establece qué debe entenderse por dicha conducta, son las leyes secundarias donde los diputados y senadores deben ser muy hábiles para decidir qué van a considerar como ese tipo de delincuencia. Entonces, en una jugada que parece extraída del Manual de las Artes Oscuras del Legislador Mexicano, se reformaron varias leyes y, en 2020, con la pandemia respirándonos en el cuello, México se convirtió en el primer país del mundo que equiparó comprar y vender facturas a otras conductas tales como terrorismo, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, así como a cuestiones de seguridad nacional. Como te mencioné al principio, años después llegó la SCJN a poner orden, y básicamente les enmendó la plana a los legisladores, declarando inconstitucional dicha medida legislativa.

La obsesión mexicana por la PPO

Pero nuestros legisladores no se iban a quedar de brazos cruzados ante esa insolente SCJN, y si de encontrar la forma para abarrotar nuestras prisiones se trata, nos pintamos solos. Para ese Poder soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnívoro, omnímodo, omnibenevolente y omnifacético no hay imposibles. ¡No, señor! Aquí no hay tratado o convención internacional, ni Dios que esté por encima de nuestra obsesión por la PPO. Así que allá fueron esos valientes, cargados de emoción, probablemente excitados en su lóbulo frontal por el placer mundano que debe provocar votar una reforma constitucional de ese tamaño, a decirle a millones de mexicanas y mexicanos que ahora sí, por fin, llegó lo esperado, lo prometido, lo ansiado y lo votado: tener la posibilidad de pasar muchos días en un cómodo, espacioso y rehabilitador centro de reclusión si cometen la grave afrenta de comprar una factura. 

Da igual si es grande o pequeña, porque la Constitución federal no distingue entre prisiones preventivas oficiosas por facturas de poquito dinero o de mucho, y porque la hacienda pública nacional necesita de cada pesito y de nuestra amable colaboración para sacar adelante todas y cada una de las promesas que se nos han hecho desde que adquirimos la independencia y nos proclamamos una nación libre, digna, soberana y, sobre todo, recaudadora de impuestos, aunque eso implique encarcelar sin juicio previo a cualquiera que ose no pagar.

Y si algo se puede poner mal, seguramente se pondrá peor

Si algo tenía de rescatable la reforma penal fiscal del 2020, con todo y que comprar facturas fue equiparado a tratar de derrocar al gobierno, era que el tamaño del pecado sí importaba para hacerse ganador del premio gordo de esa lotería, también conocida como prisión preventiva oficiosa. Dicho de otra forma, si el pecado era mayor a poquito más de 7 millones de pesos, te tocaba la prisión preventiva, pero si era por menos, pues podías llevar tu proceso en libertad.