Exfuncionarios de la administración estatal permitieron, a través de omisiones y falta de acción, que prescribieran delitos cometidos durante su gestión, lo que ha impedido la recuperación de más de 7 mil millones de pesos. Estas acciones dejaron sin sanción a los responsables de desvíos de recursos, contratos simulados y el mal manejo de fondos, en su mayoría destinados a programas sociales. La falta de seguimiento legal no solo ha evitado las sanciones correspondientes, sino que también ha dejado sin resolver el grave daño patrimonial al estado.
Acciones de la Actual Administración
La Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo (Secoes), bajo la actual administración, ha interpuesto denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción contra exfuncionarios de la administración de Carlos Joaquín González, señalando graves omisiones en el seguimiento de expedientes administrativos relacionados con el gobierno anterior de Roberto Borge. Estas omisiones permitieron que los plazos legales prescribieran, afectando el proceso de recuperación del daño patrimonial, que asciende a 7 mil millones de pesos.
Según la secretaria de la Contraloría, Reyna Arceo Rosado, las denuncias no están dirigidas al exgobernador Carlos Joaquín, sino a los exservidores públicos de la Secoes que encabezaba Rafael del Pozo Dergal durante su mandato.
Informe y Responsabilidades
Junto con el Fiscal Anticorrupción, Edgar Ramírez Morales, y el Consejero Jurídico de la Gobernadora, Carlos Felipe Fuentes del Río, se presentó un informe detallado sobre las acciones tomadas para buscar la reparación del daño patrimonial que afectó gravemente a la hacienda pública.
Las omisiones reportadas corresponden a expedientes generados entre 2011 y 2016, durante el mandato de Roberto Borge. La falta de seguimiento adecuado permitió que muchos casos quedaran sin sanción. Entre los delitos documentados se encuentran desvíos de recursos, contratos simulados y el mal manejo de fondos, muchos destinados a programas sociales.
Reyna Arceo Rosado informó que al asumir la administración en 2022, encontraron 513 expedientes de responsabilidad administrativa, de los cuales 184 seguían activos. Sin embargo, varios de los casos más antiguos evidencian una alarmante falta de ética y profesionalismo.
Denuncias y Proceso Legal
Desde noviembre de 2023, la administración actual, liderada por Mara Lezama, ha presentado diversas denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción, acompañadas de pruebas para fortalecer las investigaciones contra los exfuncionarios responsables. El Fiscal Anticorrupción confirmó que existen 847 carpetas de investigación activas, algunas de las cuales ya han resultado en sanciones para exservidores públicos de nivel medio y superior.
El Consejero Jurídico, Carlos Felipe Fuentes del Río, explicó que la principal causa de la prescripción de estos casos fue la falta de sanciones oportunas debido a vacíos legales en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, vigente en ese momento, que establecía un plazo máximo de tres años para sancionar las faltas.
Daño Económico por Dependencias
Entre las dependencias más afectadas por estas omisiones destacan:
- Seduvi: 55 millones 232 mil 390 pesos
- CAPA: 526 millones 890 mil 537 pesos
- Sesa (Secretaría de Salud): 12 millones 200 mil pesos
- Universidad Politécnica de Cancún: 97 millones 268 mil 299 pesos
- Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS): 806 millones 616 mil 882 pesos
- Sefiplan y Sedaru: 1,850 millones 495 mil 900 pesos
Estos daños, sumados a otras instituciones, alcanzan un total de 7 mil millones de pesos.
La administración actual se ha comprometido a seguir buscando la recuperación de estos recursos y a implementar medidas que eviten la repetición de prácticas que han afectado gravemente al estado de Quintana Roo.
