Cancún, Q. Roo, 4 de mayo 2018.- El daño patrimonial que provocaron los malos manejos administrativos durante la gestión de Roberto Borge Angulo supera los 13 mil millones de pesos, involucra a 83 ex funcionarios, y conforme se sigue investigando salen a relucir más irregularidades por lo que se alistan 14 nuevas denuncias, expresó el titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes), Rafael del Pozo Dergal.
En entrevista, dijo que los nuevos procesos se concentran en trabajadores de dependencias vinculadas al Poder Ejecutivo, así como las Secretarías Infraestructura yTransporte (SINTRA), de Finanzas y Planeación, (Sefiplan), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE) e incluso de la ahora Sedarpe (Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca).
Rafael del Pozo Dergal adelantó que es el “último paquete de denuncias” que estará presentado ya que finalizaron las auditorías y este se suma a las 50 que ya hicieron.
Precisó que estas denuncias que presentarán son del ámbito penal ya que en algunos casos ya prescribieron en lo administrativo y hasta el momento son al menos 13 mil millones de pesos de daño al erario público.
El funcionario explicó que ya hay resultados de las denuncias que son desde órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos y recuperación de patrimonio.
Según dijo, en total son más de 80 ex funcionarios involucrados en irregularidades registradas principalmente en la CAPA, Sedarpe, IPAE, Sefiplan, y Sintra, la Universidad Politécnica y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, entre otros.
Explicó que no en todos los casos deben ser detenidos los responsables, pero en los casos en que si fueron capturados fue porque se lograron detectar y comprobar su participación en las irregularidades y que fueron beneficiados, principalmente económicamente cuando estaban en un cargo público.
Según dijo, muchas de las responsabilidades administrativas, ya estaban prescritas y entonces se tuvo que realizar un trabajo con la Secretaria de la Función Pública para conciliar ya que había muchas observaciones que se solicitaron, no iniciaron y en muchos casos caducó la responsabilidad y también la sanción.
En entrevista, indicó que no se ha dejado de trabajar en las investigaciones en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de integrar los expedientes de las personas relacionadas con las operaciones comerciales y empresas vinculadas con los ex funcionarios en una serie de operaciones que se identificaron.
