En complicidad con algunos malos funcionarios de la CFE en Cancún, el empresario Ángel Álvarez Reyes mantiene 24 horas trabajando la planta trituradora de material pétreo y asfaltera Maqar Machinery SA de CV, sin pagar la energía eléctrica desde hace más de 10 años; Mediante un tendido de cables de alta tensión colocados de manera clandestina, el empresario “ordeña” la red principal de electricidad que alimenta al municipio de Benito Juárez
Por Alejandro Vargas
Un multimillonario fraude se viene cometiendo impunemente desde hace más de 10 años entre el empresario Ángel Álvarez Reyes, dueño de la empresa trituradora y asfaltera Maqar Machinery, S.A. de C.V. y algunos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), delegación Quintana Roo, quienes con jugosos sobornos, guardan silencio ante el robo indiscriminado de energía eléctrica.
Ubicada frente a la Colonia Chiapaneca, en el municipio de Benito Juárez, la planta de materiales opera con energía eléctrica día y noche, por medio de un tendido de cables de alta tensión colocados de manera clandestina. De esta manera, el empresario “ordeña” la red principal de electricidad que alimenta al municipio de Benito Juárez.
A lo largo de más de un kilómetro de un camino de terracería es visible el improvisado cableado que entra desde la autopista Mérida-Cancún y va a parar al cruce de la Colonia Chiapaneca y el camino a la empresa trituradora y asfaltera. En ese punto, pretenden ocultar el robo de la electricidad introduciendo la línea de cables bajo tierra para extenderse unos 500 metros hasta llegar a la empresa Maqar Machinery.
Este robo de energía, según expertos, le ha permitido ahorrar al empresario Ángel Álvarez Reyes al menos 200 millones de pesos, salvo el pago de sobornos que paga a funcionarios y delegados del sindicato de la CFE.
Trabajadores de la empresa confirmaron que la empresa opera principalmente con energía eléctrica, y que efectivamente no pagan la electricidad como cualquier otra compañía y es que cada mes se le paga un jugoso soborno a un alto funcionario de la CFE.
“Algunas veces llegan trabajadores de la CFE con la intensión de cortar el suministro eléctrico que abastece a la planta por no contar con transformadores y medidores, sin embargo, con una llamada un alto funcionario de la CFE ordena que se retiren de inmediato y guarden silencio”, aseguro Joel, un ex trabajador de Maqar Machinery SA de CV.
Sin embargo, las denuncias en contra del empresario y los funcionarios de la CFE no han tenido eco, pues Ángel Álvarez Reyes se jacta de tener como socios a uno de los más altos funcionarios del gobierno de estado y del municipio de Benito Juárez.
Pero este sujeto no solo cuenta con buenos “padrinos”, sino que también colaborado con los personajes que han amasado inmensas fortunas a la sombra de los gobiernos priistas y panistas, hoy también del partido Morena en Quintana Roo. A través de la empresa Excavaciones y Pavimentos Álvarez, S.A. de C.V, Ángel Álvarez Reyes, es un conocido cómplice facturero de Jorge Portilla Mánica, William Conrado Alarcón y Juan Carrillo Soberinis.
Como lo dimos a conocer en su momento, el “empresario” Ángel Álvarez Reyes tiene violentos antecedentes, quien quiso asesinar a su hermano en 2013.
Además, tiene antecedentes de invasor pues ingreso de manera ilegal al predio denominado El Pitahayo en Playa del Carmen, predio que se encuentra en disputa judicial entre el legítimo propietario y el también integrante de la mafia de invasores de Quintana Roo, el hoy regidor Gabriel Mendicuti Loria, para extraer de manera ilegal materiales para la construcción.
Sin contar con los permisos de impacto ambiental para empresas mineras, prohibidos en Quintana Roo por el gobierno de la Cuarta Transformación, Álvarez Reyes aprovechó la ausencia de la autoridad estatal y federal ante el cambio de mando para apoderarse de codiciado predio ubicado a norponiente de Playa del Carmen, rico en materiales para la construcción.
Este sujeto tiene en su haber “empresarial” un amplio historial de abusos, en principio la misma Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) le detectó documentación faltante y decretó promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, además nunca ha terminado una obra pública.
En su oportunidad, se documentó que los contratos de obra número CEE-OP-059/17 y CEE-OP-060/17 fueron ganados por la empresa Falco Construcciones, representada por el constructor Fernando Alcacena Ortiz, sin embargo, por orden de Jorge Portilla Mánica, extitular de la SEOP y William Conrado Alarcón, ex titular de la SEOP, obligaron a la empresa a ceder los derechos de cobro a favor de una de las empresas de Ángel Álvarez Reyes.
Además de Excavaciones y Pavimentos Álvarez, S.A. de C.V, este sujeto a fin a los dos de los funcionarios más corruptos de Quintana Roo, también es dueño de la empresa Maqar Machinnery S.A de C.V., en la que Portilla Mánica y William Conrado tienen participaciones y beneficios. Hoy se jacta de ser cercano a la gobernador Mara Lezama.
Estas empresas son representadas por Ángel Álvarez Reyes, donde en términos lógicos sería la empresa que terminaría las obras, pues en la obviedad que es la que cobra el recurso, entonces es la civilmente responsable.
Sin embargo, nunca ha terminado las obras, pero si las cobró desde que le cedieron los derechos de cobro por parte de Fernando Alcasena Ortiz, esto es incongruente toda vez que en los avances de obra existen estimaciones en donde conforme avanzan se paga, pero de la información dada por transparencia de la dependencia, podemos ver claramente que la obra fue pagada al 100% sin necesidad de tener las estimaciones ni los documentos de terminación de obra, además que las estimaciones que se presentaron no cuentan con la firma del empresario constructor, en algunas faximil y en otras falsificaciones de su firma lo que resulta extraño.
Otras de las obras que no concluyó son Maqar Machinery, S.A. de C.V. filial de Excavaciones y Pavimentos Álvarez, S.A. de C.V, Ángel Álvarez Reyes, fueron por medio de los contratos MBJ-DGOP-(33)-1-2020 por 13 millones de pesos para obras de pavimento en calles de la SM 237, que debió cumplir entre el 26 de octubre y el 24 de diciembre pasado.
A esa misma empresa, también obtuvo la construcción del parque en Av. Los Tules, Mzna 136 de la SM 248 (domo deportivo) por 1.8 millones de pesos con un plazo de ejecución que culminó el 31 de diciembre de 2018, y el contrato MBJ-DGOP-(33)-35-2918 para la construcción de pavimentación en Av. Jade y Av. Las Palmas y la construcción del parque en la Av. Los Tules, Manzana 136, según contrato MBJ-DGOP-(33)-32-2018 que se pagaron con recursos federales en 2019.
En Isla Mujeres esta misma empresa fue quien se encargó de la rehabilitación de la carpeta asfáltica en la carretera a Punta Sam en Isla Mujeres, bajo contrato DGPO/RP/04/2018, de cuya revisión la Auditoría Superior del Estado (oficio ASEQROO/ASE/AEMOP/1169/09/2019) detectó documentación faltante y decretó promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Los denunciantes advierten que esta es una práctica común de las administraciones de Juan Carrillo Soberanis donde usan a empresas como Maqar Machinery, S.A. de C.V., para simular licitaciones y repartir la obra pública en Isla Mujeres.
En Tulum, bajo el mandato municipal de Víctor Mas Tah en 2018, obtuvo el contrato HAT/DGOYSPM/COPLP/047/RP/2018 por un monto de 2 millones 785 mil 846 pesos para la pavimentación de la zona costera.
Desde hace más de una década, es este sujeto sigue gozando de total impunidad, que no solo ha incurrido en actos delincuenciales de cuello blanco sino también de índole de fuero común. En 2013, al calor de las copas, decidió dirimir sus diferencias con su hermano en un tiroteo que alarmó a vecinos de la zona residencial de la Supermanzana 19.
Este hecho movilizó a agentes judiciales, municipales y elementos del Ejército mexicano. Los hechos se registraron cerca de las 19:30 horas de un viernes de 2013, cuando vecinos de la referida Supermanzana escucharon tres detonaciones de armas de fuego y solicitaron apoyo de las autoridades.
Al cabo de unos minutos policías municipales y judiciales, en coordinación con elementos del Ejército, arribaron a una vivienda de la avenida Contoy, donde montaron un fuerte operativo para asegurar a los ebrios hermanos Juan Antonio y Ángel Álvarez Reyes, de 29 y 27 años de edad, respectivamente, empresarios del ramo de la construcción.
Ángel Álvarez tuvo que ser sometido luego de que intentó accionar una pistola en contra de un agente judicial, quien logró desarmarlo. Los uniformados les aseguraron una pistola calibre 9 mm y un revólver calibre 38. Al momento que eran subidos a una patrulla, uno de ellos exigió que hablaran a “Carol”, empleada del Ayuntamiento de Benito Juárez, para que acudiera a rescatarlos.
Ahora, en Playa del Carmen se metió a la fuerza al predio conocido como rancho El Pithayo, el cual explota de manera ilegal.
