El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF discutirá propuesta clave sobre nombramientos judiciales

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene previsto discutir este lunes un proyecto que busca resolver el incumplimiento del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación en la designación de candidatos a jueces, ministros y magistrados. El proyecto, liderado por la magistrada Mónica Soto, presidenta del TEPJF, propone que el Senado asuma un rol más activo en este proceso.

  1. Rechazo a destituciones: El proyecto descarta la destitución de los miembros del Comité de Evaluación debido a un acuerdo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que evita, por el momento, sanciones contra ellos.
  2. Omisión de la evaluación de idoneidad: Se plantea que el Senado omita la etapa de calificación de idoneidad de los aspirantes y proceda, antes del 31 de enero, a realizar una tómbola o insaculación pública con los candidatos elegibles previamente identificados por el Comité.
  3. Transparencia y continuidad: La insaculación deberá ser pública, continua y transparente, incluyendo a todos los aspirantes que cumplieron los requisitos de elegibilidad, así como a aquellos que el TEPJF ordenó incluir en la lista de elegibles.
  4. Plazos y procedimientos:
    • La Mesa Directiva del Senado tendrá 24 horas para emitir las medidas necesarias para cumplir con este mandato.
    • A más tardar el 4 de febrero, el Senado deberá remitir las listas de ternas y duplas al Pleno de la SCJN para su aprobación, la cual deberá realizarse a más tardar el 6 de febrero.
  5. Candado alternativo: Si la SCJN no aprueba las listas, la Mesa Directiva del Senado enviará directamente las candidaturas insaculadas al Instituto Nacional Electoral (INE) para continuar con el proceso electivo.

La magistrada Soto argumenta que el incumplimiento del Comité no debe perjudicar de manera desproporcionada a los aspirantes, quienes ya cumplieron los requisitos de elegibilidad. Por ello, se propone obviar la evaluación de idoneidad y avanzar con el proceso de selección, asegurando que el procedimiento sea ágil, justo y transparente.

Este debate será crucial para definir el rumbo de los nombramientos judiciales y garantizar que el proceso no se vea detenido por irregularidades administrativas.