El Malpensante
Por Carlos Alberto Rosales
@Carlos85458323
El retorno del ex gobernador de Quintana Roo. Roberto Borge Ángulo se puede convertir en un grave dolor de cabeza para todos los estamentos políticos del país y, una espada de Damocles para el gobierno que lo sucedió en el poder desde el 26 de septiembre de 2016, en un contexto difícil.
Sin dudas, se volverá peligroso políticamente hablando. Si, ante la avidez de recursos del “gobierno del Cambio” se pacta la entrega de al menos 5 mil millones de pesos en propiedades y efectivo para que limpien su expediente judicial y se den por desestimadas las tres causas judiciales que tiene en firme promovidas por la Justicia de Quintana Roo.
Tanto al Gobierno Federal en retirada de Enrique Peña Nieto como muchos empresarios y funcionarios que lograron grandes negocios y utilidades al amparo de anteriores sexenios, hacen de la cifra mencionada, – 5 mil millones de pesos-, un monto fácilmente alcanzable.
Sólo la campaña de 2012 del presidente Enrique Peña Nieto debe haberse llevado un tercio de los 11 mil millones en que creció la deuda pública de Quintana Roo en el sexenio abreviado 2011/16. Nada es lo que parece y, en el balance hay mucha distorsión de las verdades, mentiras y, medias tintas que se dicen del ex gobernador Roberto Borge Angulo.
Pero lo que realmente debería preocupar a la tropa del actual gobierno es, los favores, negocios e incentivos que recibieron desde épocas de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo. Alguno de ellos son conocidos como “leyendas urbanas” pero, existen pruebas y precedentes de beneficios recibidos por las familias del y cercanas al poder en los últimos sexenios.
Si, la ciudadanía comienza a sospechar que en política “nada es lo que parece”, muchos políticos se verìan en serios problemas. Aprietos que, son una muestra aberrante en lo ético y moral de presidentes, gobernadores y alcaldes que se convirtieron en figuras descollantes de cada uno de los partidos en pugna.
La mayoría de los gobernadores y presidentes que pasaron por la función pública han repetido que esto lo arreglamos entre todos. Y, lo único que solucionaron fue su crecimiento patrimonial desmedido a costa del descalabro financiero de estados y municipios.
Ya pasaron 15 meses bajo el peso de una profunda crisis que hasta hoy no sólo no fue superada sino que nos muestra que, detrás de la denuncia de una institucionalidad resentida en su calidad, encontramos una realidad violentada. La inseguridad en Quintana Roo creció un 107. 7.
A ello debemos sumar, para mayor desgracia de la ciudadanía, la ausencia de estructuras partidarias consolidadas en sus doctrinas, programas y propuestas trascendentes. Quizás, lo más cercano pero con serías deficiencias por quienes lo sostienen sea la variopinta Alianza de Morena, PT y el PES, sustentado, a partir de líderes políticos locales que tienen un fuerte arraigo popular y que, en general, sufrieron privaciones de su libertad o de sus familiares, alguno de ellos de manera discrecional del poder de turno, como fue el caso de Gregorio Sánchez Martínez o de Ignacio García Zalvidea
Hoy los ciudadanos vía redes sociales y otras plataformas digitales accedemos a miles de millones de caracteres en los que leemos entre líneas la discrecionalidad con que los poderes fácticos toman las decisiones y ejecutan por medio de las políticas públicas. Así hemos llegado hasta un presente, en el que otro ex gobernador tras 7 meses de encierro en un reclusorio de Panamá llega celosamente custodiado a territorio mexicano por la Procuraduría General de la República (PGR), a presentarse ante un juez de Instrucción que puede dictar su
prisión preventiva o dejarlo en libertad mediante caución para seguir sus procesos judiciales en libertad.
Escenarios posibles
El primero, que a criterio del juez no exista riesgo de fuga o, de entorpecimiento de la Justicia y, dictamine fianza para que el imputado siga las acciones judiciales en libertad.
Segundo que se llegue a un rápido acuerdo con compensación económica de los perjuicios económicos ocasionados al Estado. Funcionarios del propio gobierno han venido declarando a los medios que lo que quieren es recuperar fondos pertenecientes al Estado.
Y, tercero y, no debemos olvidar que, en el pasado reciente, empresarios, funcionarios y particulares que se beneficiaron en los últimos años comprando bienes del Estado a precios exiguos; recibieron favores como concesiones de empresas paraestatales y frecuencias radiofónicas, etc.; dieron rápidamente la espalda al ex mandatario y, algunas “vendettas” se darán
Por último, no debemos olvidar que, la contienda electoral para la renovación de presidente de la República, diputados y senadores federales, presidentes municipales y autoridades locales como en el caso de Quintana Roo, es un intríngulis, donde el gobierno local puede perder la concentración de poder que hoy hace gala.
Desafortunadamente, las negociaciones desarrolladas con cada sector por separado no pueden identificarse con la construcción de un acuerdo, en especial los pactos firmados a partir de las particularidades, vicisitudes o desmanejos de cada jurisdicción. La situación de inseguridad general, insisto, es por demás preocupante, no porque pueda resentir el poder del gobernador y de la coalición política que lo sostiene, sino porque los enfrentamientos o arreglos entre fracciones partidarias malogran instancias propicias para la integración política y social que hoy resulta imprescindible en defensa de los intereses del Estado.
A los nostálgicos del pasado hasta 15 meses atrás la inseguridad era intrascendente, no había temporadas bajas y, en este nuevo tiempo asistimos a los dos fenómenos sin solución.
