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Por Carlos Alberto Rosales
Finalmente, alguien se ha dado cuenta de la crisis del sargazo. El próximo secretario de Turismo federal Miguel Torruco Marqués fue quien por primera vez desde el inicio de esta crisis ambiental que viene afectando a las playas del Caribe Mexicano desde el año 2014, ha sido abordada con seriedad y profesionalismo al advertir que el arribo y acumulación de sargazo debe ser considerado por el gobierno de Enrique Peña Nieto por lo que realmente es: una emergencia nacional y, un desastre natural en las playas del sureste de México.
Rebate, además lo que el gobierno estatal de Quintana Roo ha venido eludiendo por intermedio de su secretaría de Turismo sobre las cancelaciones de reservas en Cancún y el corredor de la Riviera Maya.
La falta de una estrategia desde el primer día de gestión del gobernador Carlos Joaquín a la temática del recale de sargazo y, la pasividad en la resolución del problema hace que la gravedad de esta problemática le haya estallado en plena temporada alta.
Miguel Torruco advierte que de no “delinear un protocolo y estrategia de manera perentoria “el problema empeorará”. Será entonces que, por desidia de funcionarios inescrupulosos el vellocino de oro de la economía quintanarroense: el turismo, estará por primera vez en su historia; correr riesgos de ralentizarse ante la situación de sus arenales cubiertos de sargazos.
Eludir la responsabilidad en política
La inseguridad, los crímenes violentos con persistencia permanente y, el recale de sargazo son los desafíos que el gobierno no ha podido resolver en su primer tercio de sexenio.
Seguramente el primer mandatario estatal, tendrá que dar dar las explicaciones del caso en su segundo informe de gestión. Está obligado a comprometerse a la solución de esta problemática, al no poder seguir sacando réditos de los temas de la corrupción de anteriores administraciones del PRI, porque la ciudadanía ya se cansó y. también porque muchos de los responsables, están presos o investigados – Ahora. El gran desafío, la asignatura pendiente es la de la sensación de inseguridad que limita los desplazamientos de los quintanarroenses ante el temor de verse en medio de una balacera o de un asalto violento.
Porque la inseguridad se sufre, se padece, se vive en los negocios saqueados, en los ojos con impotencia de quienes soportaron armas apuntándoles. En estos últimos dos años la seguidilla delictiva no ha frenado. Los quintanarroenses hemos aprendimos a vivir en inseguridad. Quien no la sufrió, conoce alguien cercano que sí. No por nada, 6 de cada 10 temen ser la próxima víctima de un momento a otro.
Por allí, es el momento para que el gobernador, tan afecto a formalizar comités de todo tipo haga implementar un Observatorio del Delito, integrado por profesionistas y técnicos que midan la inseguridad y su impacto en la vida de las personas, negocios e inversiones para realmente saber dónde estamos parados.
Es una decisión política de fondo, y está en manos del poder político, que decide cuándo y cómo hacerlo. Pero para ello deben entender el mensaje para no seguir siendo mero testigo de la propia debacle que ellos mismos generan.
