Por Carlos Alberto Rosales
@Carlos85458323
Lamentable. En lo que va de 2018 la cifra de ejecuciones en el municipio de Benito Juárez se duplicaron con relación a 2017. Los números son impactantes 227 crímenes violentos contra 451 en lo que va de este año.
El desconcierto en el gobierno de Carlos Joaquín llevó al jefe del Ejecutivo a tomar la medida de cambiar a su secretario de Seguridad realizando una doble apuesta para salir de la zozobra con la que la inseguridad ha marcado su gestión: la más violenta en los 48 años de vida que acaba de cumplir el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Sin decir una palabra el mes pasado el gobernador envió una señal potente al traer desde el estado de Morelos al ex Comisionado de Seguridad que acompañó al ex gobernador Graco Ramírez durante parte de su sexenio.
Jesús Alberto Capella Ibarra, el nuevo mandamás de Seguridad Estatal, es un profesionista que adhiere a la figura del Mando Único Policial, una figura en materia de seguridad que en el caso que nos ocupa es la única salida para recobrar la estabilidad en un estado afectado por la delincuencia.
La estrategia de quitar responsabilidades y mando en materia de seguridad pública a los municipios permite un control integral del territorio tal el modelo implementado en Yucatán en la última década, entre otros estados del país.
El Mando único que promueve el nuevo secretario de Seguridad de Quintana Roo tiene ventajas comparativas importantes como la de la implementación sería y efectiva en el desarrollo de inteligencia policial para compartir con otras instancias de seguridad coordinarse, intercambiar información relevante, datos claves y puntos de inteligencia que permitan mediante pesquisas la detención de criminales y desactivar actividades delictivas.
Otro punto importante es que, al haber mayor coordinación entre las fuerzas policiales, se limita la infiltración en los cuadros policiales que es una de las principales problemáticas en las fuerzas de seguridad municipal y estatal.
Recuerdo que hace un par de años en una pláticacon Salvador Mejía sobre Anticorrupción, nos explicaba que El Mando Único no blinda a la policía de la corrupción y que “es un hecho que siempre existirán bajo cualquier condición los malos elementos…” en las fuerzas policiales pero, que el Mando permite se implementen candados que limiten el accionar de malos elementos y prácticas al interior de la corporación.
La llegada del nuevo secretario Capella Ibarra, puede ser el inicio de una nueva etapa que permita ir disminuyendo la escalada de violencia que tiene a mal traer a la administración Joaquinista.
Números duros
La organización Semáforo Delictivo, proyecto social ciudadano que se nutre de denuncias ciudadanas y de información de las autoridades responsables del sistema de seguridad mexicano ha dado guarismos de medición nacional donde posiciona a Quintana Roo en el tercer lugar entre los estados de la república con mayor nivel de ejecuciones en el primer semestre del año en relación a igual período del año 2017.
Los números son concluyentes y la disparada de la espiral de violencia es incontrastable con un aumento del 158 por ciento comparada entre semestres. En 2016, el índice de ejecuciones en Quintana Roo fue de 127 personas lo que contrasta con las 600 que hasta la fecha se contabilizan en 2018. El crecimiento de la espiral de violencia se ha cuadruplicado.
Lo más grave es que la escalada de crímenes violentos que asolan a la sociedad quintanarroense queda mayoritariamente impunes por la ineficacia de las instancias ministeriales.
El relevamiento de las entidades federativas del Sureste del país nos arroja las siguientes cifras rojas en relación a criminalidad: de acuerdo a cifras no actualizadas proporcionadas por informe de Semáforo Delictivo:
Sumando las ejecuciones en Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán, llegamos a las 374 contra las 490 de Quintana Roo en el primer semestre 2018. Es decir que sumados los cuatro estados aludidos y confrontados contra Quintana Roo, la incidencia de crímenes violentos es un 31 por ciento menor.
En 2016, último año de la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo, Quintana Roo ocupaba a nivel nacional la posición 22ª entre las entidades federativas en lo que se relaciona a ejecuciones.
En lo que va de 2018, Quintana Roo, escaló hasta la 10ª posición con 600 ejecutados hasta el mes de agosto, lo que proyectaría las cifras para el cierre del año en alrededor de 900/930.
