El presupuesto incluye una partida “enorme”, denominada “De ayuda social
Cancún, Q. Roo, 3 de enero 2019.- A pesar de los señalamientos y de las peticiones planteadas, el presupuesto del Congreso de Quintana Roo sigue siendo el más alto del país en función de su eficiencia, número de diputados y habitantes, manifestó Eduardo Galaviz Ibarra, dirigente del Observatorio Legislativo.
Este año el Congreso de Yucatán ejercerá un presupuesto de 209 millones de pesos, incluyendo a la Auditoría Superior del Estado. El de Quintana Roo gastará 653 millones de pesos, más del triple que la Legislatura de un Estado que tiene más municipios, más población y más actividad, explicó.
Parte del problema radica en el hecho de que el presupuesto incluye una partida “enorme”, denominada “De ayuda social”, detalló. Hemos insistido que eso no es atribución del Congreso, para eso están instancias de los gobiernos del Estado y Federal que atienden necesidades sociales.
Galaviz Ibarra subrayó que el Congreso no tiene esa atribución constitucional, pero este año, por lo pronto, eso no cambiará, a pesar de planteamientos al gobierno del Estado señalando que la mitad del presupuesto era suficiente para el funcionamiento del Congreso. “Ni respuesta tuvimos”, indicó.
En entrevista para Pulso AM, dijo que a fin de mes el Observatorio Legislativo presentará su evaluación del periodo de sesiones que recientemente concluyó el gobierno del Estado. Sin embargo, adelantó que no hay variación en lo observado en otros periodos de sesiones.
En el más reciente periodo lo más destacado fue la aprobación de iniciativas fiscales que por lo general se aprueban como se presentan, sin discusión, prácticamente “como si fuese una oficialía de partes que da trámite a lo que se presenta”.
Hubo algunos trabajos en iniciativas, pero la mayor parte provino del Ejecutivo, como la Ley de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, aprobada en el ámbito federal y cuya adecuación al Estado tardó casi un año, la cual generó debate e, incluso, el Colegio de Biólogos obtuvo un amparo porque los legisladores no tomaron en cuenta algunos aspectos, recordó.
En cuanto a la Ley de Movilidad, consideró que habrá “algunos reclamos”, sobre todo de los municipios, ya que no se tomaron en cuenta sus atribuciones en diferentes aspectos.
En general, creo que se requiere mayor participación ciudadana efectiva, que se escuche y se tomen en cuenta sus opiniones.
Ante la posibilidad de reelección de algunos diputados, dijo que la evaluación más certera de su trabajo se dará en el momento de la votación. Salvo alguna excepción, en su gran mayoría no lograrán la aprobación del electorado, aseveró.
Sin embargo, consideró que sí debe existir la posibilidad de reelección y de hacer una carrera legislativa, pues tres años son pocos para quien quiera preparar buenas leyes con un buen consenso y participación de agrupaciones ciudadanas y colegios de profesionales y, sobre todo, que el Legislativo se convierta en un poder real de equilibrio.
Si sólo es un poder que da entrada a todas las iniciativas que se le presentan, sin discusión y sin observaciones a lo que se les entrega, no habrá real equilibrio. Habría que cambiar ese tipo de actitudes por una mayor participación de trabajo legislativo, continuó.
A pesar de todo, opinó que en la XV Legislatura se avanzó en algunos aspectos, como en la creación de la Junta de Coordinación Política, que acabará con la Gran Comisión, donde cinco diputados tenían un control excesivo. Ahí se vio una verdadera intención de cambio.
Hay información pública que se está poniendo a disposición de manera obligatoria, pero están cumpliendo, aunque no está totalmente la información a la vista, pero hay avances, reveló.
Hemos insistido en un parlamente abierto, en el que las organizaciones tengamos acceso a las reuniones de comisiones, a participar en la elaboración de leyes, en la revisión de las cuentas, como ya sucede en otros congresos. Sin embargo, eso no se da, destacó.
