El Congreso de Quintana Roo aprobó este martes, con 17 votos a favor y tres en contra, la nueva Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio, que reemplaza a la normativa vigente desde 1978. La iniciativa fue presentada por la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, y representa un paquete de reformas sustanciales que amplían y actualizan los criterios de utilidad pública en la entidad.
Principales cambios en la ley
El decreto regula los procedimientos de expropiación y ocupación temporal de bienes, estableciendo 25 nuevas causas de utilidad pública en el artículo 11. Entre ellas destacan:
- Gestión del agua: Planeación y ejecución de obras y servicios relacionados con sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado.
- Prevención ambiental: Control de la contaminación de aguas estatales que no estén bajo jurisdicción federal.
- Infraestructura hidráulica: Adquisición de bienes necesarios para el desarrollo y mantenimiento de sistemas de agua, incluyendo caminos de acceso y zonas de protección.
- Preservación ambiental: Embellecimiento o saneamiento de lugares con vistas panorámicas.
- Proyectos de inversión: Iniciativas públicas o privadas que beneficien directamente el bienestar colectivo.
Objetivos y garantías
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la Décimo Octava Legislatura, Jorge Arturo Sanen Cervantes, explicó que la reforma busca garantizar el derecho de audiencia de las personas afectadas por las expropiaciones. Subrayó que la nueva normativa asegura que los bienes expropiados cumplan con su finalidad, y en caso contrario, permite a los ciudadanos revertir el proceso.
Críticas y controversias
Durante el debate legislativo, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Pech, expresó su oposición al decreto, argumentando que contradice el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece el derecho a un juicio justo para cualquier privación de bienes. Según Pech, la ley delega la decisión sobre la idoneidad de un bien a la Consejería Jurídica estatal, lo que convierte el procedimiento en un proceso administrativo en lugar de jurisdiccional.
Implementación y procedimientos
El nuevo marco legal establece los pasos necesarios para que las autoridades lleven a cabo una expropiación, incluyendo la notificación formal a los afectados por parte de la Consejería Jurídica del Gobierno del estado.
Con la aprobación de esta ley, el Gobierno de Quintana Roo busca modernizar el marco jurídico en materia de expropiación, aunque enfrenta cuestionamientos sobre el alcance y las implicaciones de su implementación.
